Uso excesivo de la fuerza

junio 24, 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Amnistía Internacional ha advertido al gobierno de Honduras que debe evitar el uso excesivo de la fuerza y garantizar los derechos humanos en el marco de las protestas sociales. En una carta dirigida a JOH, Amnistía Internacional dice que «ha recibido información profundamente alarmante sobre el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, armas de fuego y toletazos por parte de las fuerzas de seguridad, causando lesiones a decenas de personas, y se han reportado la muerte de por lo menos dos personas, decenas de arrestos, y detenciones de personas manifestantes y transeúntes», dijo Erika Guevara Rosas, directora del mencionado organismo.



Es obvio que la fuente que hizo la queja ante Amnistía Internacional no reportó las barbaridades que muchos de los manifestantes han cometido en perjuicio de la propiedad privada y de los bienes públicos. Si Amnistía Internacional escuchara el testimonio desgarrador de decenas de pequeños y medianos empresarios, cuyas locales comerciales han sido saqueados y destruidos por manifestantes, que no tienen nada de pacíficos, posiblemente tuviera otra idea respecto de lo que acontece en nuestro país. Desde la comodidad de los mullidos sillones y relucientes escritorios en que estos personajes trabajan en el extranjero, es imposible tener una idea exacta de los acontecimientos que han ocurrido en Honduras.

Amnistía Internacional se atreve a exigirles a las autoridades hondureñas que no deben seguir por la ruta de la violencia y la represión y conminan al gobierno a que garantice los derechos de libertad de expresión y manifestación pacífica, limitando el uso de la fuerza al mínimo necesario y proporcional para evitar lesiones y muertes. Naturalmente que los hondureños quisiéramos vivir en un clima de paz y tranquilidad, pero esto solo sería posible si las personas disconformes con ciertas situaciones sociales hicieran sus manifestaciones de protesta de manera pacífica, no agrediendo ni los bienes privados ni los bienes públicos, que son mantenidos con el pago de nuestros impuestos.

Pero la verdad es que casi todas las protestas llevan el ingrediente de la violencia, especialmente las de estas últimas semanas que han sido convocadas por el gremio médico, porque, quienes al hacerlo le ponen un tono violento al llamado, incitan a que una vez la gente en la calle se desborde, como ha quedado registrado en las filmaciones. Cuando la policía ha llegado a imponer el orden, los manifestantes en lugar de retirarse de los sitios donde han causado estragos, retan a la autoridad, atacándola como si se tratara de un cuerpo enemigo.

Como Amnistía Internacional no es un organismo ecuánime, si el gobierno y las autoridades hondureñas optaran por complacer su llamado, el resto de los hondureños quedaríamos completamente indefensos, cosa que ya ha pasado en situaciones cuando la policía ha tardado en llegar a los lugares donde los manifestantes han arrasado por completo con locales comerciales, propiedad de inversionistas extranjeros que posiblemente a estas alturas estarán pensando en irse de Honduras. Pero lo que toca la fibra en lo más profundo es ver a pequeños empresarios hondureños, muertos en llanto, al ver que el trabajo de su familia, que ha representado el esfuerzo de muchos años, ha sido reducido a escombros después de ser saqueados por personas que participan en las marchas.

Como no se puede acusar directamente a quienes organizan e impulsan las manifestaciones, tampoco se les puede exonerar de la responsabilidad de tantos daños provocados a inocentes, entre los cuales hay propietarios de vehículos que han sido incendiados por personas radicales que integran las manifestaciones.

Amnistía Internacional comete un grave error al exigir que el gobierno y las autoridades hondureñas bajen los brazos frente a los extremistas y radicales, y dejen indefensa a la ciudadanía y a sus bienes. Les recomendamos a los de Amnistía que oigan las órdenes que a todo pulmón gritaba el desaparecido Hugo Chávez, pidiendo a sus policías que no se dejaran faltar el respeto de las personas que lo adversaban, excitándolos a echarles gas del bueno.

No es correcto apelar a la sinrazón para hacer que prevalezca la razón, pero las exigencias de Amnistía Internacional son temerariamente lesivas contra los hondureños que ven como sus bienes y sus pequeños negocios sucumben ante los ataques que surgen de las manifestaciones. Igual que son tremendamente nocivas contra la propiedad de las empresas privadas que invierten generando empleo y que podrían estar a punto de suspender actividades por tanto daño que les ha sido ocasionado durante estas manifestaciones.

Es inaceptable que organismos de derechos humanos, extranjeros y hondureños, se acomoden a favorecer a los grupos que hacen daño, desconociendo que los afectados también tienen derechos humanos, y que la única esperanza que tienen es que la policía los defienda de los perniciosos que no se miden cuando rompen vidrios, incendian locales, y que responden con acciones criminales contra los policías cuando estos usan los mecanismos legales para disuadirlos.

Si el gobierno y las autoridades hondureñas acatan la exigencia de Amnistía Internacional, los hondureños quedarían en estado de total indefensión.

Así son las cosas y así las hemos contado hoy lunes 24 de junio de 2019.