Un país de leyes no es igual a un país con leyes

septiembre 10, 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La afirmación «un país de leyes no es igual a un país con leyes» ha surgido en los debates de los juristas españoles muy dados a pintarse en las teorías más abigarradas y garrafales cuando se empecinan en sostener posiciones que están fuera del contexto doctrinario del Derecho. El maestro Azorín decía que toda norma es falible cuando se deja en manos de abogados y magistrados caprichosos y tercos, que tanto estiran como encogen la norma que al final la vuelven una goma de mascar. Un país como EEUU puede considerarse un país de leyes, un país como el nuestro se acerca más a ser un país con leyes. Barajemos un poco esto: aplicar una ley no es como sacar una carta de naipe que nos permite ganar una partida donde hay algo que ganar y mucho que perder.



En un país de leyes como EEUU, donde se respeta el debido proceso se aplica la ley sancionando al culpable y según la magnitud del delito o falta cometida, así es la pena. Ya lo estamos viendo con los compatriotas extraditados por el gobierno de EEUU por delitos graves como el lavado de activos y el narcotráfico, que no fueron condenados con penas extremas como se pensaba en los círculos jurídicos hondureños. Las leyes de EEUU no abanderan la injusticia, respetan el debido proceso, y las personas que cumplen con obediencia, entregándose y cooperando con la justicia de ese país, salen en menor tiempo con todos sus bienes y derechos que temporalmente les habían sido conculcados. La justicia estadounidense siempre es justa, desconoce el ensañamiento porque las leyes en ese país se hicieron para que las personas respeten la legalidad, y una vez que se han sometido a las leyes, la justicia a través de los jueces no se extralimita.

En las facultades de leyes de las universidades de EEUU se enseña que el Derecho no puede zigzaguear entre lo justo y lo cruel; lo primero es porque una vez que el condenado por una falta cometida demuestra su interés de rehabilitarse como un sujeto que actuará en beneficio de la sociedad y sus buenas causas, obtiene la conmiseración a través de una reducción razonable de la pena. Una persona que ha sido condenada por un delito que las leyes de EEUU consideran grave, si demuestra arrepentimiento y coopera con la justicia, es beneficiada con la indulgencia razonable que lleva a reducir el tamaño de la pena. A esto último se debe que los códigos penales ya no son altares de piedra donde los verdugos cortaban cabezas en la antigüedad.

La justicia siempre castiga, pero no debe zigzaguear entre lo justo y lo cruel. Para el caso, una persona que cumple una pena en medio de una situación apremiante por la existencia de un peligro que representa para la vida como la pandemia del COVID-19, si manifestara una enfermedad que clínicamente esté demostrada con certificación médica que amerita ser atendido en un lugar apropiado, deberá existir la condescendencia legal para que sea recluido en un lugar donde pueda recibir las atenciones médicas de inmediato sin estar expuesto a ser víctima de la pandemia. El juez podrá tomar las previsiones que considere necesarias, como hacer que sus familiares más cercanos actúen como avales que respondan por él si existiera el temor de una eventual evasión o escape.

En salvar una sola vida, el sistema legal puede demostrar con cuanto espíritu de justicia actúa, o por el contrario, con cuanta saña implacable se manifiesta para hacerle ver a la sociedad que vivimos en un país con leyes, donde los jueces creen hacer un servicio encomiable cuando actúan con la mayor saña posible. Los jueces son profesionales del Derecho, por lo general debidamente formados en el ámbito de las ciencias jurídicas, pero siendo humanos, varios de ellos tienen propensiones a imprimir sellos personales para esculpirse en la historia. En la Facultad de Derecho, cierta vez oí a uno de los profesores, que también se desempeñaba como juez de letras de lo criminal, jactarse de haberle «trampado veinte años a un tipo que le caía mal desde que eran cipotes». Sus alumnos le llegamos a tener temor porque no queríamos enfrentarnos a un profesor con ese espíritu más injusto que implacable.

Cuando una persona ha cometido faltas o errores en el desempeño de la función pública, la ley tiene medidas para cobrarle los errores, pero queda en el criterio del juez la capacidad indulgente para concederle cierta flexibilidad cuando se trata de salvaguardar la salud o la vida del prisionero en caso de extremo peligro como el que atravesamos en esta pandemia. Cierto es que la legalidad no admite excepciones, pero cuando hay una situación peligrosa acechando, el Estado de Derecho, que propicia la aplicación de la justicia, no es partidario del ensañamiento. Por eso es que las leyes contemplan dos situaciones: las atenuantes y las agravantes. Un prisionero con situación precaria de salud merece un trato humano que le permita salvaguardar la vida en una crisis sanitaria como la que vivimos. Aun en los casos en que un prisionero es alguien peligroso, la ley siempre es bondadosa y le facilita los medios para conservar la vida.

Porque en el fondo, aun a las leyes más duras del sistema, la asignación que les da el Estado no es la de rematar al prisionero. Los jueces que pecan de implacables terminan pagando con el bochorno de la decepción cuando se les descubre alguna pequeña gran debilidad como el de la violencia doméstica, al ser demandados por sus mujeres e hijos por la brutalidad con que actúan en el seno del hogar. Una persona con ese temple de verdugo hogareño, es tan mal juez como tan mal esposo y peor padre.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 10 de septiembre de 2020.

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