Un Estado pusilánime

abril 4, 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Este comentario no trata de un caso determinado ni se refiere a una persona específica, hablamos de manera institucional y no solo sobre un hecho fundamental que tiene que ver con la defensa del Estado de Derecho, que pretende ser desconocido por las personas dominadas por la ideología que defienden, donde las leyes y el Derecho no existen ante la preeminencia de un partido único al servicio de un tirano o cuando menos un dictador. Cuando una persona, un grupo o equis organización, se atreven a desafiar el cumplimiento y el acatamiento de las leyes, en forma especial cuando un tribunal resuelve mediante sentencia, hay un desacato, una rebelión que las leyes castigan de manera severa, porque en Derecho los insurrectos que quieren establecer su libre albedrío después de haber transgredido la ley, no pueden esconderse ni huir por todo el tiempo, porque en algún momento el brazo de la justicia los alcanzará, siendo que, aunque hayan defensores de oficio combinados con defensores por interés político, los mecanismos del Derecho son resortes que nunca dejan de funcionar cuando de aplicar la ley se trata.



Cuando un tribunal ha emitido una sentencia, después de agotar todas las instancias jurídicas del debido proceso, en cualquier hecho o situación, lo que queda es ejecutarla, y cualquier manifestación de indolencia de los operadores de justicia, en cualquier caso de ejecución de una sentencia, solo se explicaría por la pusilanimidad de los ejecutores, exponiéndose estos a una sanción por incumplimiento de un deber.

Lo que la sociedad debe saber es que el Estado en ningún momento puede renunciar a defender la reputación y el honor de un ciudadano, y a imponer las penas que establece la ley a quien sea declarado culpable por un tribunal por haber proferido difamación o  calumnia contra otra persona. Es inexplicable que profesionales, supuestamente conocedores de las normas, especialmente porque su profesión ha sido la enseñanza del Derecho, se acomoden por el desempeño de cargos en determinadas instituciones, donde el oficio por el que se les remunera es defender los derechos humanos, pero que no lo están ejerciendo de manera correcta cuando se colocan de un solo lado, cuando asumen la defensa de un extremo, por la presión de un reducido sector de la vindicta pública que alega sin fundamento, que proferir difamaciones y calumnias corresponde de manera inherente a la libertad de expresión, lo cual además de ser un disparate, es un esperpento jurídico que resulta inadmisible.

Si por esgrimir la defensa de la libertad de expresión, el Estado renuncia a aplicar la ley a las personas que vituperan, calumnian y difaman porque aquí estos elementos  quedaran abolidos cuando se trate del oficio periodístico, Honduras dejaría de pertenecer al concierto de países civilizados que son los que en el orden mundial se adhieren al respeto a las leyes. Seríamos una jungla en el mundo de hoy, donde por el sambenito de la libertad de expresión aquí todos los habitantes quedarían expuestos a los ataques despiadados lanzados por periodistas, comunicadores o por cualquier persona, que por venganza, por enemistad o por el prurito de hacerlo, al saberse protegidos por el escudo de la libertad de expresión, que pasaría de ser un derecho democrático, sujeto a las leyes, para convertirse en una especie de espada de doble filo, blindada para destruir el honor y la dignidad de las personas.

Un Estado sin los límites que establece el derecho, es un Estado degradado, y Honduras en esa situación, sería una selva donde la libertad de atropellar a diestra y siniestra con el vocabulario más deleznable como son la calumnia y la difamación, nos convertiría en un seudo-Estado, seríamos el “paraíso del insulto y la ofensa sin límites”, dejaríamos de ser una democracia para convertirnos en un estado anárquico.

Si el Congreso Nacional llegara a despenalizar la difamación, la calumnia y otros delitos similares, sería abrirle las puertas a la degradación de la democracia, para empezar, porque lejos de proteger el sagrado derecho de la libertad de expresión, lo condenaríamos al convertirlo en una pesadilla para todas las personas que resultaran víctimas de una campaña de calumnias y difamaciones.

No entendemos porqué instituciones como el CONADEH incurren en la valiente estupidez de defender sin sentido la antítesis de la justicia, que es la impunidad, con argumentos pueriles como los esgrimidos por el titular del organismo, que ha dejado de ser un defensor de la ley y la justicia, para ser un abanderado de la impunidad.

Lo actuado por los tribunales de justicia, en defensa del honor y la dignidad de una persona, no atenta contra el derecho a la libertad de expresión que tenemos los ciudadanos, quien así lo considere es por aberración, o porque, por acción u omisión premeditada está buscando la degeneración del sistema jurídico. En conclusión, sería un crimen contra el sistema judicial. Cabría decir con toda certeza: ¡libertad de expresión, cuántos delitos y crímenes se cometerán en tu nombre!

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 4 de abril de 2019.