Un debate desquiciado

mayo 2, 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS



Honduras podría tener un serio problema democrático, o para expresarlo mejor, nuestro sistema democrático podría sufrir un grave resquebrajamiento, si entre todos los sectores permitimos la abolición de facto de la presunción de inocencia, que es uno de los pilares del debido proceso, el que a la vez es la plataforma para una democracia saludable y justa. Decimos esto, porque si permitimos que el escrupuloso procedimiento jurídico quede sujeto al pálpito emotivo de los movimientos justicieros, si llegamos al extremo de aceptar el concepto aberrante del “veredicto social” que proponen sectores de clara tendencia izquierdista, es decir, si toleramos que sea la vox pópuli quien presione para que se desconozca el debido proceso, y se condene a una persona antes de que los tribunales emitan sentencia, o si cuando la emiten no se respeta porque no encaja en las prejuiciosas consideraciones de tal o cual sector, si no hay capacidad de comprender en suma, que la justicia es una aspiración que solo se puede lograr a través del Derecho y su técnica que está contenida en el debido proceso, Honduras descenderá al nivel primitivo donde impera la ley del más fuerte.

El debido proceso es la técnica del derecho que permite la aplicación correcta de la justicia, e impide que se cometan arbitrariedades y abusos cuando alguien se propone condenar a una persona porque así se lo propone. Y aunque se invoque la lucha contra la corrupción y la impunidad, el debido proceso contempla la presunción de inocencia ante todo, algo que ninguna organización ni persona puede desconocer. El debido proceso se basa en el principio de contradicción, elemento esencial para aquilatar los argumentos y proteger las garantías del indiciado. Si el principio de inocencia llegara a destruirse, como pareciera ser la intención de algunos sectores ansiosos que coadyuvan con los aparatos de justicia, se hundiría todo el tinglado procesal y quedaría anulada la legítima defensa. Sin objeciones, discrepancias, dudas o recursos, no existiría forma humana de llegar a una conclusión mínimamente objetiva para absolver o condenar a alguien.

Desaparecería la posibilidad de que los juicios sirvan para elaborar una descripción de hechos probados, conforme las documentaciones que aporten los fiscales y la defensa del imputado. Y este derecho sagrado fue lo que dio origen al debido proceso, que establece como premisa fundamental la presunción de inocencia. Por eso no se debe permitir que se pretenda lapidar a un tribunal de alzada que en el caso de la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo, ha resuelto que la mencionada señora se pueda defender en libertad. Es un caso similar al que acaba de ocurrir en Perú, donde un tribunal constitucional decretó que el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, salgan de prisión después de 9 meses para defenderse en libertad por las acusaciones de corrupción.

No es correcto cuando se enfilan baterías contra el Tribunal de Apelaciones con una terminología no apropiada, porque el tribunal a nuestro criterio lo que hace es respetar la presunción de inocencia, de manera que la señora Rosa Elena Bonilla de Lobo pueda defenderse en libertad. No ha declarado inocente a la señora Rosa de Lobo, solo le da el derecho que le otorga el debido proceso. Decía el jurista y filósofo Azorín que “de hombres están hechos los jueces”, dando a entender que los jueces son humanos, tienen dignidad, algunos son buenos, otros son regulares y alguno que otro es pésimo. Pero la norma es que los jueces conocen la aplicación del Derecho, porque trabajan con denuedo y discreción para resolver los juicios dentro del plazo. A los jueces no se les permite ser personajes mediáticos, ellos hablan con sus resoluciones y sentencias. Otros personajes en cambio se convierten de la noche a la mañana en estrellas mediáticas, y cada paso que dan no lo dan  si antes no tienen enfrente las cámaras y los micrófonos.

Todo buen hondureño quiere que Honduras le gane la guerra a la corrupción, pero en esta lucha lo que no se debe permitir es irrespetar a los tribunales, porque cuando el respeto a los tribunales se pierde, los que pierden no son los jueces, lo que se compromete es el derecho de todos, porque el irrespeto se lleva de encuentro a la razón, la verdad y la justicia. Y ninguno de estos fundamentos puede ser patrimonio de los que más gritan o de los que más actúan.

Una democracia es débil cuando se irrespetan las columnas fundamentales como el debido proceso, y una cosa es el interés de que se haga justicia y otra muy distinta es la manía persecutoria que puede provocar mucho daño si antes no se revisa todo el compendio de pruebas a que tiene derecho la defensa del imputado.

Una persona es culpable solo cuando el juez o el tribunal, habiéndole concedido al imputado todos los fundamentos irrenunciables del Estado de Derecho, y del funcionamiento de la justicia, ha hecho la suficiente valoración de las pruebas para sentenciarlo. Antes de eso, el sindicado solo es eso, un acusado, que disfruta del beneficio de la presunción de inocencia, porque así lo establece la doctrina del Derecho. Y Honduras actualmente es un Estado de Derecho. Solo los que desconocen la concepción del Derecho es que, al estilo de los pueblos primitivos, pretenden que una persona indiciada sea puesta en prisión de inmediato. Si esto llegara a suceder en Honduras sería un debate desquiciado, y lo que habría sería sojuzgamientos, más no justicia.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 2 de mayo de 2018.

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