Suspenden de su cargo a cinco diputados acusados de corrupción

diciembre 28, 2017

La audiencia inicial se programó para el 11 de enero de 2018.

 

Tegucigalpa, Honduras



La Juez natural que lleva la causa en contra de cinco diputados acusados de corrupción, ordenó suspender a diputados en el ejercicio de su cargo y les impuso medidas cautelares.

Entre las medidas están la prohibición de salir del país mientras dura el proceso, presentarse a firmar un libro todos los viernes cada, no pueden comunicarse con los empleados de la Corte Suprema de Justicia.

La audiencia inicial se programó para el 11 de enero de 2018.

A través de sus investigaciones, el equipo de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción UFECIC-MACCIH descubrió que los legisladores señalados desviaron los fondos sociales para uso personal.

“Los diputados y diputadas de la red se valieron de una ONG que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional para estos fines”, apuntó.

El MP presentó asimismo un requerimiento para iniciar el proceso penal contra los cinco diputados por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, penas que son conmutables de acuerdo a la nueva reforma del Código Penal.

Además, se solicitó la suspensión inmediata de su calidad de diputados.

Modus operandi de supuesta red de diputados

“Los diputados y diputadas solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, estos eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.

Los diputados y diputadas implicados recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y colonias de Honduras (ANPIBCH), la cual recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por 3,300,000 lempiras, el 14 y 21 de diciembre del 2015.

En total se trasladó a dicha ONG 8,300,000 lempiras, según se expuso en un comunicado de prensa.

“La UFECIC y la MACCIH, han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se perfeccionó el delito de malversación de caudales públicos.

“Esta modalidad delictiva ha drenado el dinero público destinado a proyectos sociales, permitiendo a los diputados y diputadas apropiarse ilegalmente de los recursos del país, a expensas del bienestar colectivo y de los sectores más vulnerables de Honduras.

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