Suicidarse o matar a Honduras

junio 25, 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Cuando ocurren episodios como el protagonizado por un grupo de diputados inconscientes que mediante una acción política suicida intentaron descalabrar el orden del Poder Legislativo al formar una directiva espuria en una intentona ridícula para impedir la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, podríamos pensar que la democracia hondureña se está suicidando. Porque, no hay que ver con indiferencia el entuerto de estos diputados que con sus pretensiones demuestran que son capaces de cortarle la yugular al sistema democrático hondureño, que aún con todas sus falencias, teniendo a la Constitución como plataforma sólida nos ha garantizado vivir en democracia, por lo tanto no es inexacto ni incorrecto afirmar que este grupo de diputados actuó con un espíritu suicida pero a la vez dañando a todo el país.



El proceso normativo que siguió el nuevo Código Penal fue de cuatro años, en que fueron escuchados los distintos sectores que pidieron participar en el debate. Este grupo de diputados no tiene la menor excusa para salir a «última hora» a pedir la prolongación de la vigencia del actual código que tiene una serie de lagunas como la no contemplación de algunos delitos que el Derecho Penal moderno ha incorporado con la evolución de los tiempos en que la mentalidad delictiva ha progresado por desdicha. Los tratadistas alemanes de derecho penal han sido los inspiradores de las nuevas teorías penales, comenzando por la medición de la falta para aplicar la ley según sea el delito. El abogado René Suazo Lagos, doctorado en Derecho Penal en Alemania, explicaba en su cátedra de Derecho Penal I y Derecho Penal II, a finales de los años 70, que nuestra codificación penal debía ser reformada para ponerla a tono con los nuevos criterios para castigar las acciones criminales. En Europa y EEUU los criterios para aplicar los castigos cambiaron cuando las sociedades llegaron a la conclusión que en los países donde no hay pena de muerte, toda ley que busca fulminar al reo niega los derechos de rehabilitación que tiene cada persona.

En EEUU no hace mucho tiempo, tal vez unos 15 años atrás, los articulados de las leyes penales de los distintos Estados dejaron de ser recalcitrantes para dedicarse a corregir los comportamientos de las personas que habían cometido hechos criminales que no atentaban de manera directa contra la vida humana. Para el caso, un delincuente que ha cometido delitos como lavado de activos o narcotráfico, goza de la protección de la ley si aporta información a las autoridades para desentrañar las causas de una operación delictiva que afecta a la sociedad americana. Los hondureños extraditados por las autoridades estadounidenses por los delitos mencionados han sido beneficiados por los tribunales al lograr que les sean reducidos sus castigos a penas menores, una vez que aportan información importante al proceso, no así aquellos que han sido condenados a cadena perpetua por la reiteración del delito. Citamos esto como antecedente que explica la adaptación de nuestra codificación penal, que ameritaba una revisión desde hace muchos años.

El otro tema que nos ocupa es lo que pareciera ser el ánimo de matar a Honduras que hemos visto reflejado en todo este escándalo de las cuestionadas compras efectuadas por INVEST-H. Nos explicamos: una vez que ASJ destapara otro aspecto, tan grave como la negligencia admitida por el señor Marco Bográn, como el de sobrevalorar los precios de los hospitales, no se explica por qué si ASJ sabía que Marco Bográn estaba cometiendo irregularidades en la compra de los hospitales y otros enseres necesarios en la lucha contra el COVID-19, decidiera mantenerlo en secreto apegándose a la teoría anacrónica de «dejar hacer dejar pasar» cuando perfectamente haciendo la denuncia de ayer pero a su debido tiempo, ASJ pudo haber impedido el desaguisado que ha puesto contra las cuerdas al director de INVEST-H por el daño que ha causado a muchos hondureños.

Las organizaciones de sociedad civil prestan poca ayuda a Honduras cuando se callan sus investigaciones y las hacen explotar en forma tardía cuando el daño para el país está hecho. Las auditorías a priori son más efectivas que las que se hacen a posteriori, porque si lo que se busca es evitarle un daño al país en cualquier negocio de dudosa ejecución, hay que anticiparse denunciándolo para que no produzca efectos ni consecuencias negativas contra Honduras. En estos casos las organizaciones de sociedad civil parecieran estar interesadas más en explotar los escándalos que a evitarlos. Aplicando el caso a la encrucijada en que nos tiene la pandemia, podríamos compararlo con una situación, como que si a los médicos les interesara más que las personas se enfermen, antes que ayudarles a que prevengan el contagio, cuando se sabe que la prevención es la clave en todo.

¿Cómo corregir esta deriva tan desgraciada que se da en Honduras cuando se producen compras de gran cuantía en momentos difíciles como los que vivimos? Esto se puede lograr con auditorías a priori, que son las que detectan las irregularidades en cualquier operación dudosa, antes de que estas sean rematadas en beneficio de particulares, pero en perjuicio del Estado. No actuar antes de tiempo equivale a tener la intención de matar a Honduras. Pero si lo que buscan estas organizaciones de sociedad civil es ganar puntos destapando escándalos, entenderíamos que en el fondo no quieren realmente que las cosas se enderecen en Honduras.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 25 de junio de 2020.