Solo exministro implicado en el caso Pandora queda en prisión

julio 28, 2018

Los fiscales nacionales e internacionales revelaron que los imputados, entre diputados, funcionarios y exfuncionarios públicos, utilizaron las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras para financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional, Liberal

 

 



 

Tegucigalpa, Honduras.

La madrugada de este sábado, la jueza que conoce el caso Pandora determinó dictar un auto de formal procesamiento contra 26 de los 29 implicados que se presentaron a la maratónica audiencia.

Sin embargo, decidió que Jacobo Regalado, exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), permanecerá en prisión.

El vocero de la Corte Suprema de Justicias, Carlos Silva, manifestó que Lidia Álvarez Sagastume, de acuerdo a  los hechos probados existen indicios suficientes para dictar auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra el exfuncionario, por lo delitos de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos.

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Mientras tanto, la jueza encontró a Norma Kaffy Montes, con indicios de abuso de autoridad, abuso a los deberes de los funcionarios y fraude; a Velkis Rosibel Hernández, por falsificación de documentos públicos y Laura Haide Arita Palma por los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude.

La lectura de la resolución se realizó a las 2:00 de la madrugada, más de siete horas después de la hora programada por la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior debido a que la togada Lidia Álvarez Sagastume aún no tenía la respuesta, y seguía revisando los más de 12,000 folios que tiene el expediente.

Proceso

El pasado 13 de junio la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y fiscales e investigadores de la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (UfecicMP) así como de la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), presentaron el requerimiento fiscal a la CSJ de Pandora.

Los fiscales nacionales e internacionales revelaron que los imputados, entre diputados, funcionarios y exfuncionarios públicos, utilizaron las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras para financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional, Liberal y otros en proceso electoral general del año 2013.

En total se gastaron 282,016,175 lempiras, lo cual se logró investigar mediante una auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Fue el sábado 22 de julio que la jueza natural Álvarez Sagastume, que conoció la causa, emitió las órdenes de captura.

Al siguiente día, es decir, el domingo 23, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) comenzó a ejecutar las capturas. El primero en caer fue José Adolfo Sierra, de oficio conductor, el diputado suplente de Unificación Democrática (UD) Lenín Rodas y la exempleada de la Unidad de Hernández.

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En tanto, alrededor de 24 decidieron presentarse de forma voluntaria a la audiencia de declaración de imputados que se desarrolló entre el lunes y martes.

Además, llegó el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, y la representante legal del recién fallecido exministro de Finanzas, William Chong Wong.

En total sumaron 29 los procesados y nueve siguen prófugos de la justicia, quienes hasta anoche, ni la ATIC ni la Dirección Policial de Investigaciones (DPI),  habían dado con su paradero.

Los presuntos delitos por los que se acusan son: abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, fe pública y la economía del Estado de Honduras.

Durante el proceso la Fiscalía solicitó incluir el delito de asociación ilícita para cinco imputados: Jacobo Regalado, exministro de la SAG, y supuesto cabecilla de la red, Norma Keffy, gerente financiera de la SAG, Laura Arita, contadora de ambas fundaciones y dos de los nueve prófugos.

Desde que se presentaron las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP), comenzaron a proteger a todos los implicados, para que no aparecieran en público y así evitar que fueran fotografiados o grabados en video por los diferentes medios de comunicación.

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