Sandra Torres, de la persistencia y las consecuencias

septiembre 3, 2019

Honduras

Sandra Torres, política guatemalteca, es un ejemplo de persistencia. Desde muy joven, tuvo fuertes inclinaciones por la participación en la vida política de su país. Hay suficientes evidencias que intervino, en tareas subordinadas, en las actividades guerrilleras que desangraron a Guatemala, durante muchas décadas. Durante una de sus campañas, se le mostró en una fotografía, participando en actividades irregulares, apoyando a uno de los grupos alzados en armas, que pretendía, mediante el uso de la fuerza, derribar a los gobiernos militares de los años ochenta del siglo pasado. Casada con Álvaro Colón Argueta– de orientación social cristiana – intervino en la lucha política y en el ejercicio del poder, con pasión, entusiasmo y un poco de ciega arrogancia. Durante el mandato de su marido, se convirtió en una figura sobresaliente, lo que le involucró en acciones fuertes en contra de sus adversarios, cultivando entre ellos, natural animosidad. Y fuerte oposición cuando, convertida en candidata en dos oportunidades, fue vencida por una coalición natural de diferentes fuerzas que le temen, tanto por sus antecedentes, como su singular vigor y energía en contra de sus adversarios. Los que, en esta hora en que ha sido capturada y encarcelada, acusada de irregularidades en el financiamiento de sus campañas electorales, como es natural en una zona de enconos y odios, celebran que por fin, “ha encontrado la horma de su zapato”.



Sandra Torres, forma parte de los políticos centroamericanos, para los cuales la política no es un servicio sino que un objetivo personal, un capricho emocional, un medio para la satisfacción de sus naturales pasiones y una oportunidad para el acto vengativo en contra de sus adversarios. Por ello, su captura no sorprende a nadie. Ni siquiera a ella misma que, ha demostrado una enorme capacidad para hacer cosas extrañas a la buena política, como por ejemplo, divorciarse en forma falsa – pero jurídicamente ordenada – de Álvaro Colón, para saltarse los impedimentos que la ley establecía para evitar el uso del poder, para desde allí, asaltar al poder.

Con tales antecedentes, es fácil creer que la Juez que le dictara orden de cárcel preventiva este lunes 2 de septiembre, tenga pruebas suficientes de financiamiento indebido de alguna de sus campañas electorales. Y que, haya que esperar que el sistema legal guatemalteco, lento en forma deliberada, le mantenga, durante mucho tiempo presa – como ha ocurrido con el ex presidente Torres Molina que tiene más de cinco años en la cárcel sin haber sido condenado – para, desde un enjuiciamiento público, usar su encierro como una suerte de venganza por parte de sus enemigos.

Pero al margen de las peculiaridades de la actividad política de Guatemala y de toda la región, no cabe duda que con la captura de Sandra Torres, se pueda hacer una nueva lectura de las peculiaridades de su sistema judicial, cuyas falencias son de público conocimiento por parte de la opinión pública centroamericana. Y es que el acto de la jueza que dictara el auto de apresamiento y encarcelamiento, es una expresión autónoma del sistema judicial para demostrar que los esfuerzos para mejorar el sistema de impartimiento de justicia, no requiere del apoyo externo; ni de la vigilancia y apoyo de instancias supranacionales. Como las Naciones Unidas. O la OEA. En otras palabras, el sistema judicial de Guatemala, le está diciendo al mundo que no necesita de la Cicig; ni de fiscales extranjeros, para proceder, cuando hay pruebas suficientes, en contra de quienes violan la ley, al margen de su nivel social y político. E incluso, aquellos como Sandra Torres que tienen enorme fuerza representativa en el Congreso de Guatemala.

Este hecho, cuyas peculiaridades son de público conocimiento, hace pensar que el sistema jurídico ha penetrado en la política y que, vía la judicialización de los actos políticos, empieza a imponerse una moralización singular y específica, de las acciones de los políticos que, desde el principio de la república centroamericana, han hecho de la actividad política un escenario para imponer sus voluntades, vía la fuerza, o por su prestigio, para irrespetar las reglas. E imponerse violentamente en contra de sus enemigos. Por ello, no hay que descartar en el presente caso, que Sandra Torres, como muchos otros, sea víctima de las tradicionales venganzas que acostumbran los políticos en contra de unos con los otros.

Con todo, no hay porque asumir el papel de jueces. Ellos son los que juzgan e imponen las sanciones correspondientes. Con Sandra Torres, por lo menos en lo formal, se le da continuidad a la exigencia porque los políticos se sometan a la ley y obedezcan las reglas de la moralidad que, abomina del camino seguido por casi todos, que “el fin justifica los medios”. La independencia de la política, no implica el rompimiento con la moral como han creído los malos lectores de “El Príncipe” de Maquiavelo, sino que la creación de unos principios nuevas de una moral, específica para la vida política. Y de obligado cumplimiento por parte de los políticos. Cosa que, aparentemente, Sandra Torres, no ha tomado en consideración.