Políticos no quieren que los auditen

abril 5, 2017

En el viaje entre el Congreso y  “La Gaceta”, el proyecto sufrió tantas modificaciones que la ley quedó inservible.

Tegucigalpa, Honduras

Antes del próximo veinticinco de Mayo el Congreso Nacional debe escoger a los tres Magistrados  de la Unidad que aplicará la recién aprobada Ley de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de las Campañas Políticas.

Los acontecimientos de Nueva York, donde uno de los líderes del llamado cartel de “Los Cachiro” develó las vinculaciones del narcotráfico con la política nacional, pusieron de relieve la importancia de prevenir la contaminación de la próxima campaña electoral.



Es más, ya en la recién concluida etapa de elecciones primarias, se notó la ausencia del capital de la narcoactividad en el descenso de la contratación de espacios publicitarios en la radio y la televisión  por parte de los candidatos participantes en la disputa.

Recordemos además, que la urgencia de limpiar las campañas políticas del dinero mal habido es un afán de vieja data, objeto de muchas iniciativas y ningún resultado.

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En esta ocasión, impulsado por la Misión de Apoyo al Combate de la Corrupción y la impunidad en Honduras MACCIH, finalmente llegó al Congreso Nacional un proyecto de ley que fue aprobado, pero que en su publicación, la clase política reveló sus reales intenciones.

Trastocan ley

En efecto, en el viaje entre la Secretaría del Legislativo y la Empresa Nacional de Artes Gráficas, editora del diario oficial “La Gaceta”, el proyecto sufrió tantas modificaciones que la ley quedó inservible.

Fue necesario que la MACCIH elevara la voz para que mediante una larga lista de “fe de erratas” el Congreso devolviera su carácter de instrumento fiscalizador efectivo a la Ley.

Ahora, falta escoger a las personas que tendrán a su cargo la aplicación del nuevo estatuto, cuya prueba de fuego está tan cerca como el inicio de la próxima campaña electoral, a finales de Agosto.

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Los proponentes de la política limpia quieren a los integrantes de la Unidad de Fiscalización antes del 25 de Mayo, que es cuando el Tribunal Supremo Electoral hará la convocatoria para elecciones generales, después que hoy se den a conocer los resultados oficiales de las elecciones primarias.

Políticos no quieren que los auditen

Ahora bien, el problema es que los políticos no quieren que los auditen, no les interesa revelar el monto ni la procedencia del dinero que usan, o que reciben y se guardan, durante las campañas proselitistas y por lo tanto harán todo lo que esté a su alcance para evitar que la fiscalización de resultado.

La Unidad de Fiscalización estará integrada por tres Magistrados, personas que deben cumplir con los mismos requisitos que exige la Ley a los Magistrados al Tribunal Supremo Electoral y que deberían ser apolíticos, pero ya se sabe que se promueve que sean dos nacionalistas y un Liberal los que integren la nómina.

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Hasta el momento, se han presentado unas ciento cincuenta expresiones de interés de personas que aspiran a integrar la Unidad y seguramente habrá otro centenar de candidatos antes que finalice el plazo, el Jueves Santo.

Es una carrera contra el tiempo en la que la MACCIH y el Colectivo Parlamentario de Apoyo a la Misión ponen el acelerador y los políticos, como siempre, el freno.

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