Pistoletazo judicial

septiembre 11, 2017

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El tráfico de influencias o venta de humo, es un mal viejo en las esferas judiciales y en los demás poderes del país, mediante el cual funcionarios de alto nivel dan concesiones o autorizaciones para grandes negocios, incluso ilícitos,  que da lugar al cohecho y hasta para disfrazar estafas. Pero pocas veces se lleva a la plataforma pública, porque el encubrimiento por la falta de escrúpulo permite que el tráfico de influencias se quede tras bastidores, sin castigo, como uno de las acciones que se fomenta merced a la impunidad.



De allí que la sentencia en contra de quien fuera subdirector de la judicatura judicial, Teodoro Bonilla, es una especie de pistoletazo judicial, que marca un precedente en el campo de la justicia hondureña, donde nunca antes un funcionario que en su momento fue investido en el alto cargo de tener la responsabilidad de integrar los jueces y magistrados del Poder Judicial, por no corresponder con la pulcritud moral que le exigía el juramento es castigado con varios años de cárcel.

Podemos decir que con este episodio en el que el condenado no es un funcionario cualquiera, sino alguien que tenía el magistral deber de nombrar y destituir los jueces que no respondían a las normas estrictas para tener un poder judicial limpio y puro, se marca un punto de partida que denota la independencia interna que existe en el ámbito donde se debe olvidar el favoritismo y los compadrazgos, porque hacer justicia es olvidar el factor amistad y de paso, olvidarse de la parentela, que por lo general anda buscando privilegios entre los parientes que asumen cargos en los aparatos que imparten justicia.

En la justicia lo único que se debe privilegiar es la aplicación de la ley, que no puede ser sustituida por nada que intente salvar a los que han infringido las leyes para cometer ilícitos. En este pecado incurrió el concejal Teodoro Bonilla, acusado de salvar a familiares que integraban un grupo inculpado de cometer acciones delictivas, más otras acusaciones colaterales que terminaron de hundirlo.

Cuando un funcionario de alto nivel judicial incurre en un delito que conlleva proteger a parientes mezclados en el ámbito delictivo, pasa como el poderoso funcionario que burla los controles, y  la impunidad se agiganta y la corrupción se eterniza, porque el delincuente cuenta con el manto protector de quien fue investido para hacer cumplir y no para burlarse de las leyes.

Descubierto el concejal Teodoro Bonilla se escribe una página histórica en el Poder Judicial, pero quedan abiertas otras, que no son menos interesantes. Porque el concejal Teodoro Bonilla hizo bien otras cosas que eran de su responsabilidad. Y una de ellas fue cortar otro favoritismo, que a partir del 2009 se vino dando en el ámbito del poder judicial. Y es que un sector de jueces identificados con las causas de  izquierda, se mostraron muy complacientes al  encubrir a jueces y magistrados que apañaron acciones delictivas de funcionarios y jueces que protegieron a funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya, sindicados por cometer hechos delictivos graves, como la sustracción de unos 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras. Hubo una jueza que aceptó de manera ilegal acciones prejudiciales para evitar que la justicia se hiciera efectiva en el mencionado caso. Esto también es un grave caso de tráfico de influencias y cuando el concejal Teodoro Bonilla le puso freno, la izquierda judicial, como se le conoce al amplio número de jueces y magistrados de izquierda que hay en el Poder Judicial, se le vino encima. Y de allí le sobrevino una amplia investigación que le puso al descubierto sus propias acciones delictivas que lo llevaron a ser condenado a seis años de prisión.

No nos atrevemos a decir que la justicia ha sido justa al castigar a Teodoro Bonilla por el delito cometido, pero que a la vez ha sido injusta al olvidar los delitos de los demás jueces que se volcaron a proteger al funcionario señalado por ordenar el saqueo de 40 millones de lempiras  de las bóvedas del Banco Central.

A estas alturas sobran las palabras para decir que la justicia se cubrió los ojos para castigar a Teodoro Bonilla, pero al mismo tiempo se hizo de la vista gorda, para olvidarse de los jueces que traficaron por cuestión de ideología, para proteger a un funcionario de su simpatía, señalado por un caso grave de corrupción. Si es que para los jueces de izquierda, saquear 40 millones de lempiras del Banco Central es un insignificante acto delictivo.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 11 de septiembre de 2017.

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