Piden un alto a la impunidad

junio 5, 2015

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, abogó porque se fortalezca la institucionalidad del Estado para hacerle frente a problemas como la corrupción, el crimen organizado y la impunidad, fenómenos que han aumentado las violaciones a los derechos humanos en el país.
Declaró que la propuesta de establecer un comité internacional de lucha contra la impunidad es una iniciativa de carácter social que se debe tomar en cuenta en el debate público.
«Tenemos que organizarnos, articular  todo lo que ocurre en el país y ver la necesidad  de fortalecer la institucionalidad del Estado», expresó.
Argumentó que quienes tienen más información en sus manos, es la comisión multipartidaria que tiene la garantía  no solo de la objetividad sino de estar representada por todas las corrientes ideológicas del país.
Indicó que en caso de tomarse una decisión, en ese sentido, tiene que hacerse una organización muy diferente a la que surgió en Guatemala ya que los problemas de la corrupción y de la impunidad en Honduras pueden ser diferentes aunque existan elementos comunes.
La impunidad es fuente de pérdida de credibilidad en las instituciones, la misma se manifiesta en omisiones o acciones negativas en los diferentes eslabones de la cadena de las respectivas acciones operativas de la policía, fiscales y jueces e inclusive, en algunos casos, en la actitud de las propias víctimas o sus familiares.
Cuestionó que los diferentes operadores de justicia se trasladan o reenvían, entre ellos, la carga de la  responsabilidad por la impunidad.
Advirtió que al haber impunidad de tal magnitud  se alienta al delito y se evita el conocimiento de las causas que lo motivan, obstaculizando políticas criminológicas más efectivas.
Señaló que a pesar de un clima generalizado de desconfianza hacia la institucionalidad se percibe el inicio de tiempos diferentes que animan fe y expectativas de cambios positivos que vivifiquen y vigoricen más al Estado democrático de Derecho.
Eso plantea, dijo Herrera Cáceres, que toda la institucionalidad pública, al ejercer sus atribuciones y funciones debe favorecer el respeto y protección de la dignidad de la persona humana y,  con el mismo espíritu deben realizarse todas las actividades  sociales y empresariales.



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