Piden justicia a migrante víctima de tortura

julio 25, 2014

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México a investigar la denuncia en contra de las autoridades policiales mexicanas  responsabilizadas de torturar al migrante hondureño Angel Amílcar Colón, detenido en ese país desde el año 2009.
El ombudsman hondureño instó también a la Procuraduría General de la República (PGR) de México  a investigar  de manera inmediata el caso y someter ante la justicia a los responsables de cometer graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio del migrante hondureño afrodescendiente.
Ángel Amílcar Colón, un defensor de los derechos humanos del pueblo garífuna, habría salido de Honduras en enero del 2009 con destino a los Estados Unidos en busca de trabajo  para pagarle el tratamiento médico a su hijo, gravemente enfermo, sin embargo,  fue detenido el 9 de marzo en la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de México.
«Hemos tenido conocimiento que luego de su detención, a Colón  se le ha violentado el derecho al debido proceso, ha sido objeto de discriminación racial y de torturas», dijo Herrera Cáceres.
El funcionario se dirigió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, a la PGR y organismos civiles defensores de los derechos humanos de ese país para que determinen la situación en la que se encuentra Angel Colón y obtener la liberación del también defensor de los derechos humanos.   «Queremos saber la situación en que se encuentra, la etapa del proceso, el por qué de tanto retraso, por qué fue víctima  de torturas, y por qué aún no es liberado», declaró.
Comentó que también está en contacto con la cancillería hondureña y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos para hacer un solo bloque en defensa del hondureño que se encuentra detenido en México.
Un reporte de Amnistía Internacional indica que en marzo del 2009 unos agentes de la policía mexicana hicieron una redada en la casa donde un «coyote»  local había obligado a Ángel Amilcar Colón a quedarse antes de llevarlo al otro lado de la frontera.
Al momento de su detención, Ángel Colón fue golpeado por agentes de la Policía Estatal Preventiva de Baja California, que lo obligaron a caminar de rodillas, establece el documento.
Añade, que más tarde dijo a su abogado y al juez que, durante las 16 horas siguientes, había sido sometido a torturas y otros malos tratos por agentes de la policía estatal y federal y por miembros del ejército.   Durante ese tiempo lo amenazaron, lo semiasfixiaron y lo humillaron, entre otras cosas llamándole una y otra vez «pinche negro», establece el informe.
«Me pusieron a limpiar los zapatos de otros detenidos con mi saliva, dar mi vestimenta a otros, realizar posturas militares que no sabía cómo hacerlas, me insultaban, la cosa es que me convirtieron en el payaso que divierte a su público», según su testimonio de la víctima.
Ángel Colón habría sido obligado a firmar una declaración, misma que fue utilizada para acusarlo de delitos de delincuencia común organizada.   Pese a que, cuando compareció ante un juez, se retractó de esa declaración y denunció la tortura y otros malos tratos sufridos, su declaración inicial se ha utilizado como prueba para procesarlo y para recluirlo en espera de juicio en una prisión federal en Tepic, Estado Nayarit.
Investigaciones de Amnistía Internacional revelan que hasta ahora la Procuraduría General de la República (PGR) no ha investigado las torturas de las que fue objeto.   A principios del 2014, Ángel Colón fue examinado por expertos internacionales independientes en medicina forense que concluyeron que los indicios médicos de tortura coincidían con su denuncia.   Esta prueba se ha presentado a los tribunales, pero la PGR se ha negado a retirar los cargos, según el documento.
Amnistía Internacional considera a Ángel Colón «preso de conciencia», ya que fue sometido a torturas y otros malos tratos a causa de su origen afrodescendiente garífuna.   El organismo internacional de derechos humanos señala que la tortura es una práctica generalmente utilizada por policías y militares de México para obtener «confesiones» o «información» de presuntos delincuentes o de personas detenidas equivocadamente.
Una encuesta encargada recientemente por Amnistía Internacional reveló que el 64 por ciento de las personas encuestadas declararon tener miedo de sufrir torturas en caso de ser puestas bajo custodia.   El informe establece que cualquiera puede ser víctima de tortura pero quienes corren más riesgo son los que migran desde Centroamérica, sin visado y atravesando las zonas más peligrosas, en la ruta a Estados Unidos.   Decenas de miles de migrantes centroamericanos que huyen de la violencia y de la situación económica y social que se vive en sus respectivos países, emprenden cada año el peligroso viaje a través de México para llegar a Estados Unidos.
Durante su viaje se enfrentan a ser víctimas de secuestros, asesinatos, violaciones y palizas a manos de bandas criminales que, a menudo, actúan en connivencia con la policía.
En junio recién pasado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres y  el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Raúl Plascencia firmaron un convenio de colaboración y asistencia interinstucional encaminado a defender los derechos humanos de los migrantes.



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