Pesos y contrapesos hondureños

noviembre 1, 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los pesos y contrapesos, tan cuestionados en nuestro país, a veces con razón y muchas veces fuera de ella, como es algo que no hemos aprendido a darle su valor correcto, todos los que invocan este diseño de división de poderes que equilibra las actuaciones no solo de las tres principales instituciones, sino de la totalidad de organismos del Estado hondureño, que se deben respeto entre todos para que cada uno cumpla con sus objetivos en el marco de la ley. El problema es que Honduras es una nación que al acostumbrarse a vivir en el desorden se ha convertido en un país de díscolos, donde no existe la cultura del respeto a la jerarquía, en que ni los organismos y oficinas públicas respetan sus respectivos ámbitos y los particulares siguen el mismo camino, a tal grado que hasta en las empresas hay empleados altaneros que desconocen la autoridad de un gerente, al que le deben obediencia, porque es el que vela porque la empresa flote para seguir siendo la fuente de empleo.



El sistema de pesos y contrapesos no es solo para que haya independencia entre los tres poderes del Estado de manera que ninguno esté por encima de los otros o que uno abuse de sus funciones; también abarca las limitaciones de los demás organismos del Estado, porque se dan muchos casos en que por la naturaleza de las funciones, hay funcionarios que creen que su radio de competencia es tan amplio que todos los demás están por debajo. Ponemos el caso del supuesto conflicto entre el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas, dos operadores que en diferentes ámbitos tienen obligaciones en el campo de la investigación, sin que uno quiera estar por encima del otro porque los funcionarios de uno  hayan entendido que son superiores en el ramo a los demás.

El Ministerio Público por excelencia tiene sus funciones para investigar todo el ejercicio de la administración pública para detectar posibles irregularidades cometidas sea por ejecutivos o empleados de las distintas oficinas, sin embargo, como en toda regla hay una excepcionalidad, en lo que concierne al enriquecimiento ilícito es el Tribunal Superior de Cuentas el que por ley debe investigar todos los hechos consumados o que estén por cometerse, en detrimento del erario público. La misma sociedad civil tiene claridad que el TSC es el primer eslabón en el combate a la corrupción, con las facultades para prevenir, detectar, investigar, controlar, aportar evidencias en la judicialización penal y resarcimiento civil de los actos de corrupción.

Cuando la UFECIC del Ministerio Público reclama como algo exclusivo la facultad de investigar los asuntos que derivan de actos administrativos en el Congreso Nacional, comete un abuso de funciones al pretender excluir al TSC de esa tarea. Y como hay una presencia mediática que exalta los ánimos del Ministerio Público, este llega a creerse que es una especie de “súper organismo” que está por encima de todos los demás, una creencia errónea e inconveniente producto del “ensalsamiento mediático” que algunos medios, especialmente escritos, hacen en favor del Ministerio Público.

Este organismo es clave para el funcionamiento correcto de nuestra institucionalidad, pero si llega a sobrepasarse del límite natural que la ley le establece, caerá irremediablemente en el error que le puede costar enfrentarse a la ley, porque frente a la ley nadie es superior que otro, especialmente porque si quien cree estar aplicando la ley termina por abusar de ella, tarde o temprano puede caer bajo el peso de la ley. Hay casos de fiscales presos en diferentes países, no porque hayan robado o traficado, sino porque han abusado en el cumplimiento de sus funciones.

El TSC tiene toda la razón cuando sale a la palestra reclamando lo que por ley le corresponde, porque también a ese tribunal la ley le puede ajustar cuentas cuando por ignorancia, indolencia o irresponsabilidad de sus miembros, caiga en incumplimiento de sus funciones, permitiendo que otro organismo se las arrebate por abuso de autoridad. Este es el delito que puede imputarse al Ministerio Público y a la UFECIC, que parecieran estar sedientos de cortar cabezas saliéndose de sus funciones, que en derecho es abuso de autoridad, delito que es castigado con cárcel.

En Honduras también hay pesos y contrapesos entre los organismos intermedios, no solo entre los tres poderes del Estado, el derecho administrativo explica bien hasta donde llegan las funciones de un organismo respecto a los otros. Los medios de comunicación, por acción o por ignorancia, no debemos convertir a un órgano vital como el Ministerio Público, en una especie de monstruo de mil cabezas y mil tentáculos. Los medios de comunicación no hacemos bien, cuando por querer coadyuvar en la lucha contra la corrupción, terminamos haciendo un mal papel al desbalancear a los organismos, agigantándoles sus funciones y facultades en detrimento de otros. El momento que vivimos nos impone observar todo el cuidado posible para no terminar cometiendo el mismo error, es decir, para no creernos que somos un cuarto o quinto poder y que podemos elevar y bajar al que se nos antoje.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 1 de noviembre de 2019.