No se debe destruir el Derecho

octubre 8, 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Con los últimos procedimientos de capturas y detenciones de ex funcionarios públicos en Honduras, estamos asistiendo a una demolición del Derecho que es síntoma de una crisis espiritual y moral que indica la pérdida del sentido jurídico entre los operadores de justicia, lo cual es un desprecio al Derecho que hemos heredado en las codificaciones que están vigentes en nuestro país. Cuando el Derecho, es decir las leyes, se aplican con una falsa idea de la justicia se violenta el debido proceso y se pisotea el Estado de Derecho, empezando por la Constitución.



Nadie puede ser condenado sin antes ser vencido en juicio, por lo tanto, es anticonstitucional ordenar detenciones como se han hecho en un franco irrespeto a la dignidad de las personas, que pueden estar sindicadas de haber cometido irregularidades, pero que no pueden ser capturadas como se ha estado haciendo en medio de un espectáculo circense, porque el procedimiento indica que una persona debe ser notificada para que comparezca a rendir declaración. Incluso durante este procedimiento, la persona tiene todo el derecho de defenderse en libertad, hasta que un tribunal lo declare culpable y ordene su encarcelamiento. Así lo dice la ley y así debe hacerse, esto no es asunto que debe quedar al capricho y albedrío de un operador de justicia que quiera aplicar la ley como a él le parece.

Ponemos dos ejemplos: a la señora Rosa Elena de Lobo la encarcelaron indebidamente por más de dos años, porque desde un principio ella debió gozar de su derecho a defenderse en libertad. El tiempo que estuvo en prisión es un período que se le debe acumular a su favor si en el desarrollo del juicio fuera declarada culpable. Otro caso, es el del ex alcalde y ex ministro de SOPTRAVI, Miguel Pastor, que es mantenido en prisión en una flagrante violación a su derecho, cuando se le debe permitir defenderse en libertad mientras dure el proceso y llegue el momento en que el tribunal se pronuncie declarándolo inocente o culpable. Este caso del ex alcalde Miguel Pastor en apariencia tiene el trasfondo de perjudicarlo de manera personal, porque padeciendo de quebrantos de salud corre el riesgo de infectarse del virus de la pandemia dentro de una prisión militar.

Si lo que están buscando los operadores de justicia es destruir el Derecho, sea por cuestiones de ideología o de política, tienen que presentar una iniciativa de ley para modificarla, y que no es algo sencillo modificar la Constitución, porque para cambiar las reglas del debido proceso tiene que ser modificada la carta magna que es la plataforma suprema del Derecho según la herencia romana. Pero aunque el objetivo fuera ese, el único procedimiento posible sería la elaboración de una nueva Constitución, que es lo que buscan los elementos del Partido LIBRE, cuando hablan de convocar a una Constituyente. Como hasta el momento ese anhelo de los sectores de izquierda es algo imposible, los operadores de justicia deben atenerse al debido proceso que conforme nuestra Constitución protege el derecho de las personas a no ser condenadas sin antes ser vencidas en juicio y ser declaradas culpables por un juez o un tribunal de justicia.

En el Derecho lo que debe predominar es la justicia y no el capricho arbitrario de quien sea. Puede ser que una persona en el ejercicio de un cargo público haya cometido errores o faltas, por aprovechamiento de bienes o recursos públicos, o porque al estar en el cargo haya cometido abuso de autoridad, que son los cargos que por lo general se imputan a ex funcionarios, o cualquier otro que sea sostenido en la acusación. El funcionario o ex funcionario debe ser notificado y citado para comparecer, escuchar los cargos y el juez está en la obligación de evacuar todo el procedimiento, y si tuviera dudas pensando que el sindicado pudiera escapar de la justicia, para eso existen las fianzas y cauciones y las demás medidas cautelares para garantizar que una persona escape del brazo de la ley.

Lo sucedido en todos estos casos que han tenido una cobertura amplia de los medios confirma el diagnóstico que el Derecho en nuestro país ha sufrido la peor agresión cuando a las personas se les han cercenado y escarnecido sus derechos. Mostrar a los sindicados esposados como delincuentes condenados no está en ninguna parte del debido proceso, cuya parte más sensible radica en la presunción de inocencia, que es herencia de los legisladores ingleses desde hace varios siglos, cuando decidieron ponerle fin a los escarnios que cometían los jueces que actuaban con criterios arbitrarios.

Nuestro sistema jurídico tiene sus inconvenientes pero tiene más ventajas que inconvenientes sobre todo para garantizar la defensa de la libertad y los derechos de las personas. Y la majestuosidad del derecho radica precisamente en que sus funciones se hicieron para defender la libertad. El poder judicial hondureño no debe abandonar la senda del Derecho permitiendo que algunos jueces apliquen la teoría del uso alternativo del Derecho que responde a criterios de operadores que abusan del poder. El gran jurista romano, Ulpiano, decía que cualquiera que intente estudiar el Derecho, el jus, tendrá que saber primero de dónde se deriva la pala jus. Y jus, es nada menos que justicia. Lo contrario, injusticia, es lo que se ha estado cometiendo en Honduras al violar el sagrado principio de la presunción de inocencia.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 8 de octubre de 2020.

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *