Niños en conflicto con la ley tienden una mano solidaria a la comunidad

julio 17, 2020

La iniciativa liderada por el Institutito Nacional para la Atención a Menores Infractores requiere de una alianza interinstitucional con las municipalidades de San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y La Lima

San Pedro Sula, Honduras

Con el fin trasladar un bien a la sociedad que una vez transgredieron, los niños y jóvenes internos en el Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen de la ciudad de San Pedro Sula, promueven una labor social mediante la fabricación de féretros.



Tenemos la capacidad de construir tres ataúdes por día para disponerlos a las personas que no tienen posibilidades económicas para dar una digna sepultura a un familiar, en especial en momentos de crisis sanitaria y económica causada por la pandemia del CoVID-19, informó el abogado Oscar Turcios, Director del Centro El Carmen.

Destacó que iniciativa liderada por el Institutito Nacional para la Atención a Menores Infractores requiere de una alianza interinstitucional con las municipalidades de San Pedro Sula, Choloma, Villanueva y La Lima, con la finalidad que los gobiernos locales suministren las materias primas, y así iniciar la fabricación masiva ya que por los momentos el proyecto requiere de la articulación de otros actores para compartir costos, la mano de obra está disponible y motivada.

 

“Esta acción no es una acción antojadiza, es el resultado de las metodologías pedagógicas del Programa de Educación Formal y No Formal que se implementa en todos los centros del país, estamos devolviendo al niño y la niña su derecho a la educación alineado a una justicia restaurativa que conlleva a la reparación del daño y la sanación individual con acciones atinentes a la rehabilitación integral y el bien colectivo” subrayó.

Por su parte, el INAMI informó la puesta en marcha esta metodología permite potenciar el des-aprendizaje de conductas negativas que una vez practicó el niño y niña por la falta de factores de protección de la familia y la comunidad, haciéndose necesaria la participación de padres de familia, comunidad y el Estado para lograr una verdadera y permanente restauración de derechos fundamentales.

 

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