Muerte de mujer en San Francisco abre debate sobre migración

julio 10, 2015

Kathryn Steinle, una vendedora de instrumentos médicos que amaba viajar y bailar, es el símbolo más reciente de aquellos que buscan una aplicación más estricta de las leyes de inmigración.
Su muerte, presuntamente causada por disparos realizados por un ciudadano mexicano que estaba en Estados Unidos sin permiso pese a haber sido deportado en cinco ocasiones, es señalada como una evidencia estremecedora de la necesidad de un control fronterizo más enérgico.
El tema está encendiendo los programas de radio de tinte conservador, donde conductores y radioescuchas participantes lamentan la insensatez y el aparente carácter aleatorio del asesinato y expresan enojo por el hecho de que el presunto asesino Juan Francisco López Sánchez estuviera aún en el país.
También manifiestan consternación de que las autoridades de San Francisco hayan rechazado una solicitud de autoridades federales de inmigración para mantenerlo detenido hasta que pudieran tomarlo en custodia.
Daniel Stein, presidente de la Federation for American Immigration Reform (Federación por la Reforma de Inmigración Estadounidense), la cual aboga por controles de inmigración más estrictos, dijo que su organización ha estado realizando seis o siete entrevistas por día en medios de comunicación sobre el asesinato desde que se dio a conocer la semana pasada.»Tienes a alguien que ha sido deportado con regularidad», dijo. «Al final, ilustra claramente el completo fracaso del sistema».
Steinle, de 32 años y residente de San Francisco, murió por disparo de arma de fuego el 1 de julio cuando caminaba en un muelle turístico de la ciudad acompañada de su padre.
Después del arresto de Sánchez, a quien las autoridades han identificado como ciudadano mexicano de 45 años, se reveló que tenía siete condenas relacionadas con droga y frecuentes ingresos ilegales al país.
También quedó claro que la oficina del alguacil de San Francisco, citando políticas de la ciudad respecto a inmigrantes sin antecedentes delictivos violentos, dejó en libertad a Sánchez en abril a pesar de una solicitud de autoridades federales de inmigración para que lo retuvieran hasta que éstas pudieran tomarlo bajo custodia para proceso de deportación.



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