Más boicot que paro

julio 19, 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS



El paro ejecutado este día por los empresarios del transporte urbano tuvo más color de boicot que sabor a paro, al derivar en una obstrucción planificada en varios puntos referenciales de las principales ciudades, donde taxistas y buseros colocaron sus unidades en cruces impidiendo la libre locomoción a los demás conductores. El tranque tuvo la suficiente connotación política por parte de los ejecutores, por lo que no cabe ninguna duda quiénes fueron los reales artífices de la acción perturbadora.

La semana anterior, cuando un empresario del transporte tuvo la desfachatez de declarar que los transportistas estaban “en condición de incendiar este país” (así lo expresó) asomó la mano peluda del sectarismo político, queriendo enviar un mensaje con la suficiente claridad al gobierno de Hernández. Un paro del transporte implica dejar de prestar servicios al usuario, más no impedir la libre locomoción a los demás vehículos, por lo que, los hechores se han arriesgado a que se les inicie una demanda por cometer el grave delito que es impedir el derecho a la libertad de movilización que, según la Constitución, tenemos los ciudadanos.

Todo aquel sector prestador de servicios que apele al derecho de paralizarse debe saber que constitucionalmente no puede transgredir el derecho de los demás, porque al hacerlo incurre en una falta grave que lo puede hacer objeto de una demanda. De allí que, la paralización efectuada por taxistas y buseros, desde el punto de vista legal es calificable más como un boicot que un paro de labores.

Los empresarios del transporte son comerciantes del rubro, disfrutan de licencias para operar unidades de servicio para hacer negocio, pero los permisos les pueden ser cancelados por las autoridades cuando en reclamación de peticiones económicas traspasan la raya y violan los derechos de la ciudadanía. Además, este día varios taxistas agredieron un vehículo del gobierno, propiamente de la empresa Hondutel, que presta servicios públicos, lo cual es imputable para ser considerado como una agresión terrorista. Y varios vehículos particulares igualmente fueron agredidos, poniendo en peligro la seguridad de los conductores y sus demás ocupantes.

Al desconocer los límites que como usufructuarios de un rubro tienen en calidad de empresarios, los transportistas asumen un riesgo, el mismo que tenemos todos los demás ciudadanos que desarrollamos actividades empresariales, que si bien tenemos derechos de explotación, a la vez somos sujetos de deberes que nos imponen muchas limitaciones con carácter de regulación. Además, no deben olvidar los empresarios del transporte, que aunque ellos tienen como ciudadanos el derecho a explotar el rubro del servicio para transportar personas, cargas y demás, el sector tiene un amplio espacio que permite que las autoridades puedan conceder a otras personas el mismo derecho para trabajar con otros modelos de prestación de servicios.

Actualmente está operando un novedoso sistema de transporte público en varios países del mundo, conocido por la denominación UBER, mismo que permite que particulares sin ningún tipo de sindicalización, solo con el permiso de la autoridad, con sus vehículos, pueden prestar el servicio del transporte urbano. El modelo UBER ya llegó a El Salvador y Costa Rica y perfectamente puede ser implementado en Honduras, toda vez que las autoridades del ramo decidan abrir esta nueva posibilidad de negocio para las personas desempleadas que se pueden ganar la vida transportando personas en sus carros particulares, dentro y fuera de la ciudad.

Por muchos años, el rubro del transporte en Honduras ha sido una actividad lucrativa, por más que se niegue; de allí que haya personas que por medio de las influencias políticas han acumulado decenas y en casos, hasta centenares de permisos para operar taxis y buses. Y no es que no tengan derecho, pero aunque estemos en el sistema de libre empresa, cuando se trata de un rubro que funciona con permisos otorgados por el gobierno, este debería tener el cuidado de no otorgar tantos permisos a una misma persona, porque esto automáticamente la convierte en un monopolista, lo cual es prohibido por la ley.

El derecho tiene un límite establecido por la misma ley y la prudencia obliga a actuar en forma comedida, cuando se está en el uso y goce de permisos del Estado para desarrollar determinada actividad en la que se presta un servicio tan importante como es el transporte público. Los transportistas deberían acogerse al diálogo con las autoridades, pero abandonando la matonería con pistola en mano, cuando dicen O TODO O NADA. Porque entonces vuelan con la bandera de la arrogancia y allí llevan más las de perder. En el momento que el gobierno decida abrir el modelo UBER en el transporte público de Honduras, se acabará la arrogancia de los transportistas, a la vez que miles de hondureños desempleados encontrarán la oportunidad de ganarse la vida.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 19 de julio de 2018.

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