Las capturas y el debido proceso

febrero 28, 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Los últimos acontecimientos relacionados con las capturas de personas, algunos funcionarios de alta categoría, otros de mediana y también de baja categoría, crean una ansiedad producto de la idea generalizada de que la población hondureña solo recuperará la confianza en la justicia en el momento en que vea a altos personajes de la administración pública tras las rejas. Y es natural, viendo que en los países vecinos, la justicia no se ha andado con chiquitas para llevar a la cárcel a ex presidentes que han cometido faltas graves en el manejo de los recursos públicos.



Sin embargo, es bueno explicarle a nuestra población como opera nuestro sistema jurídico, en la aplicación de las leyes para hacer justicia. En principio, tenemos que explicarles a los hondureños que siendo el nuestro, un Estado de Derecho, estamos sujetos al debido proceso, que es el principio legal por el cual el, las instituciones del Estado están obligadas a respetar todos los derechos legales que tiene una persona, según las leyes. El debido proceso es el principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, que le permite tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez.

¿Por qué el debido proceso protege al imputado? Porque en derecho nadie debe ser considerado culpable de cometer un delito, es decir, nadie puede ser condenado, sino hasta que el juez le dicta sentencia. El debido proceso establece que el gobierno y demás instituciones están subordinados a las leyes del país que protegen a las personas del mismo Estado. Cuando el gobierno y las instituciones se exceden y dañan a una persona sin seguir exactamente el curso de la ley, incurre en una violación del debido proceso, y cae la institución o el mismo Estado en el incumplimiento del mandato de la Ley, lo que se conoce como abuso de autoridad.

El debido proceso nació en Londres, Inglaterra el 15 de junio de 1215, cuando el Rey Juan I de Inglaterra, conocido como Juan sin Tierra, emitió la carta magna, que en su cláusula 39 fijó que las leyes debían aplicarse gradualmente. Desde entonces se conoce que el debido proceso es el conjunto de etapas formales, secuenciadas dentro de un proceso penal, para de esta forma garantizar que las personas se puedan defender adecuadamente y la sociedad, que tiene el interés de que el proceso se realice en la forma más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social.

Explicamos esto porque muchos ciudadanos creen que por capturar a una persona, al comienzo del proceso, el detenido es culpable. Y pudiera que en el fondo lo sea, pero es el juez el que determina la culpabilidad. Asombra que personas que parecieran tener un nivel calificado de interpretación, exijan cárcel inmediata para un detenido, cuando lo que procede es una detención para el período interrogatorio en que el juez decide si procede que el indiciado vaya a prisión o le dicta medidas sustitutivas para que se defienda en libertad.

El debido proceso exige que haya comprobación en las investigaciones de todo caso, y esto compete al Ministerio Público, y no a organizaciones colaboradoras de la justicia. En Honduras hay organizaciones privadas que están jugando un papel de cooperantes con el Ministerio Público, como el CNA y ahora la MACCIH. Ambas están aportando información al MP, en diversos casos, como el saqueo del Seguro Social y otros. Hoy fue detenida la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente Porfirio Lobo Sosa. Hay varios cargos contra ella, que de no ser desvirtuados por sus abogados, deberá purgar varios años en prisión, si así lo llegara considerar el juez que le toque asumir el caso.

Lo que la población no debe esperar es que la sentencia se produzca de un día para otro, porque el proceso puede ir largo. Esto no es asunto como dijo una persona este día, que justicia tardía no es justicia, porque esta expresión popular no cabe una vez que la persona indiciada es capturada y llevada a los tribunales para iniciar su defensa, porque en este momento, el debido proceso a quien le otorga más derechos es al indiciado, al que le da toda las garantías para que demuestre su inocencia, y por su parte, el fiscal o los fiscales que acusan deberán probar ante el juez que la persona es culpable. Pero todo esto lleva tiempo. Ponemos de ejemplo varios casos hondureños, que ameritaron extradición, en que la justicia de EEUU comenzó las investigaciones en el 2004 y dictaron orden de captura en el 2015, después de once años de investigación.

Y en otros casos de hondureños, detenidos en EEUU, los tribunales no han emitido sentencia contra ellos, porque sus abogados entablan recursos dilatorios para seguir aportando pruebas que podrían establecer la inocencia de su defendido, o cuando menos acortar la pena en prisión. Todos queremos que se haga justicia en Honduras en los casos de corrupción, pero la justicia no puede ser ciega del todo para conculcarle el derecho a los imputados, que contempla el debido proceso.

Los miembros de las organizaciones cooperantes con la justicia no deben desinformar a la población, haciendo creer que el Ministerio Público o los tribunales hacen causa común con la corrupción cuando estas instituciones se toman el tiempo que establece la ley para que los abogados de los detenidos hagan uso del debido proceso. Hay que manejar estos conocimientos legales, porque la justicia no es un matadero, ni los jueces y fiscales deben ser tenidos como verdugos.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 28 de febrero de 2018.

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