La voz del sectarismo

enero 18, 2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Junta Nominadora, que es fruto constitucional del consenso entre las distintas fuerzas políticas del país, ha realizado una tarea aceptable en medio de las iniquidades criollas que imperan especialmente cuando se trata de pretender cargos y empleos públicos importantes. Aquí en Honduras retumba la frase «yo me merezco este puesto y mucho más» o aquella otra que dice «nadie puede cuestionar mi honorabilidad», y en efecto, en un proceso de selección de aspirantes a magistrados el papel de la Junta Nominadora no es el de perjudicar a personas que se creen merecedores de cargos, tampoco cuestionar la honorabilidad de los aspirantes. Nada tiene que ver la Junta Nominadora con los anhelos y las ansias de los aspirantes, su función es seleccionar a los aspirantes que más se aproximan a los requerimientos establecidos en la Constitución de la República.



En nuestra función de observadores de los eventos de la vida nacional podemos decir que la Junta Nominadora ha actuado divorciada del sectarismo, tanto político como social, porque, aun sin conocer las interioridades de los debates internos de la Junta, colegimos que para hacer la selección ha habido consenso y moderación entre sus miembros, existiendo en ellos la decisión de sacar la lista de los 45 aspirantes que cumplen los requisitos, y que deberá ser turnada al Congreso Nacional para que en ese escenario se elijan a los 15 que finalmente se convertirán en los nuevos magistrados de la cúspide del Poder Judicial.

Sin temor a equivocarnos podemos decirle al pueblo hondureño que la Junta Nominadora cumplirá su tarea en el tiempo establecido, pero donde surgirá el corcoveo será en el Congreso Nacional, especialmente en la ilegal junta directiva donde impera un sectarismo irracional, especialmente el exhibido a toda hora por el ilegitimo presidente Luis Redondo, que es la voz del sectarismo. La posición radical del diputado Redondo, impuesto de manera arbitraria por diputados de LIBRE en la presidencia del parlamento, ha sido aireada por el propio Redondo, que ha manifestado que tiene su criterio particular para tachar o excluir a los aspirantes que a él no le parezcan.

La situación se puede agravar si Luis Redondo en determinado momento quisiera forzar la elección a su estilo personal, porque de acuerdo al artículo 311 de la Constitución de la República, no hay límite de tiempo para elegir a los nuevos magistrados, pudiendo procederse a la votación las veces que sea necesario, hasta lograr la mayoría calificada de los diputados.

Los magistrados son electos por el periodo de 7 años, mismo que comienza en el momento en que son juramentados. Como no se puede precisar la fecha en que se logre la mayoría calificada en el Congreso, la Constitución permite remitirse al artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que establece una previsión legal cuando un funcionario culmina su periodo y que, siendo electo por el Congreso Nacional, como es el caso de los magistrados, al no ser electo su sustituto, podrá continuar en sus funciones. Es decir, si hubiera un impasse que no permita lograr los 86 votos de diputados propietarios que requiere la elección de los magistrados, la ley favorece la continuidad de los actuales magistrados del Poder Judicial, que tendrán la obligación de atender sus funciones judiciales en la Corte Suprema, hasta tanto no se elija conforme la Constitución a los 15 nuevos magistrados.

El ilegal presidente del Congreso, Luis Redondo, ha echado a rodar la malvada especie de que los 15 magistrados serán electos en la fecha fijada por la Constitución, una interpretación a medias que es otra de sus acostumbradas mentiras, porque la Constitución lo que establece en el art. 311 es que el proceso de elección de los magistrados culminara hasta que se logre la mayoría calificada de 86 diputados propietarios. Es obvio que Redondo apela a la truculencia de forzar la elección acudiendo de nuevo a diputados suplentes para hacer una falsa mayoría calificada. Es importante conceptualizar esta treta del diputado Luis Redondo, que es un birlador profesional, un perfecto cagalaolla, que cree tener un poder supremo para hacer y deshacer el Congreso Nacional con el respaldo del coordinador de LIBRE.

Por otra parte, no hay que perder de vista que el art. 220 de la Constitución de la República establece que cuando un proyecto de decreto es votado total o parcialmente no se puede volver a discutir en la misma legislatura. En ese caso habiendo un proyecto de decreto de elección de los nuevos magistrados y no ser aprobado, el Congreso deberá fijar la elección de los nuevos magistrados hasta la siguiente legislatura. En esta situación, los actuales magistrados deberán continuar en sus cargos.

Explicamos esta situación en concordancia con nuestro editorial de ayer. Comprenderá nuestro estimado público porque dijimos ayer que a la Sala Constitucional no le importa resolver la situación irregular en que fue impuesta la actual directiva ilegal del Congreso Nacional.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 18 de enero de 2023.

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