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La razón contra la sinrazón

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ver el espectáculo desagradable en los predios internos de la UNAH, cuando estudiantes deseosos de recibir clases, guiados por la desesperación de perder su tiempo, decidieron con sus propias manos desalojar a los tomadores de la ciudad universitaria, nos obliga a reflexionar de manera seria sobre un hecho que se produce, desafortunadamente, porque los integrantes de este grupo estudiantil apelan a la violencia para imponer sus puntos de vista, sin que haya una autoridad competente en el país con la voluntad de imponer el orden.

Lo que vimos ayer no es un pleito común entre estudiantes, como superficialmente lo calificaron algunos medios impresos, lo que se dio en el interior del campus universitario más importante del país es una lucha entre la razón y la sinrazón. La razón encarnada por los estudiantes que están molestos por no poder recibir sus clases, y la sinrazón, fielmente representada por las personas violentas, estudiantes o no estudiantes, que dicen luchar por la rebaja del precio del transporte, algo que no compete a las autoridades universitarias.

Aceptar esta confrontación como una simple disputa entre estudiantes es un grave error, tanto más si un organismo como el Comisionado de los Derechos Humanos se esconde, “lavándose las manos”, con un simple llamado a los estudiantes a no apelar a la violencia. Y más lamentable, que el Ministro de Seguridad, para más señas el jefe de la Policía, se deshaga del asunto con un lamento al estilo hondureño, justificando que el cuerpo policial no puede desalojar a estudiantes. Con esta conducta se produce una involución en el cumplimiento del deber, tanto en la esfera del CONADEH como de la Policía.

Cuando en una sociedad se privilegia el abuso de parte de un sector, con la “injustificable” argumentación de no poder intervenir porque, en el caso del CONADEH, solo es un organismo simbólico que vela por el respeto de los derechos humanos, y la Policía, que siendo la autoridad en función, investida con todas las facultades para guardar el orden público, se llama a la abstención por no poder o querer involucrarse en un espacio que goza de autonomía como es la UNAH, supone entender que no hay forma de evitar que pequeños sectores políticos de manera impune, violando el derecho de miles de estudiantes, paralicen la vida académica y administrativa de la principal universidad hondureña.

Si lo más cuerdo y lo más razonable para CONADEH y la Policía, es no actuar en un caso como el que está pasando en la UNAH, habría que aceptar que hemos caído en un estado de involución que nos lleva a un retroceso del “sálvese quien pueda”, porque no teniendo la UNAH un cuerpo coercitivo y al no haber voluntad en una autoridad externa para guardar el orden en el campus universitario, la comunidad de la principal universidad hondureña está desprotegida, solo al amparo de DIOS.

Entonces, como la tolerancia, que es una virtud democrática de las autoridades de la UNAH, no cabe con el sector intolerante, cuesta pensar que la normalidad en la UNAH retorne porque los tomadores de ciudad universitaria caigan en la razón, que cualquier objetivo que busquen, no lo podrán conseguir tomándose las instalaciones de la UNAH. Lo razonable es que, concedan un espacio para lograr su propósito, permitiendo que la UNAH reinicie la actividad académica, para luego sentarse en la mesa de dialogo como se los ha propuesto el rector universitario Doctor Francisco Herrera.

Los integrantes del grupo estudiantil deben tener claridad que ellos no pueden imponer las reglas del juego que rigen la vida académica y administrativa de la UNAH, porque en el alma máter no pueden haber grupos que se consideren autogobiernos que le pueden pegar patadas a la autoridad. Por mucho que se presenten como un grupo reivindicador de derechos estudiantiles, su actuación que deriva a un comportamiento totalitario los coloca en una situación de desafío al Estado de Derecho, y aunque por ahora las autoridades policiales y organismos de derechos humanos contemplen de brazos cruzados las tomas de la ciudad universitaria, pronto se verán obligados a actuar, porque entre sus obligaciones no está excluido el deber de salvaguardar las instalaciones del alma máter para garantizar la vida académica y administrativa en el campus universitario.

Por muy tolerantes que quieran parecer las autoridades no pueden asumir el papel de autoridades simbólicas en una situación donde se está poniendo en precario el derecho de más 90 mil estudiantes que están siendo privados de recibir sus clases. Pero si la estrategia es dejar pasar, dejar hacer y no desactivar a los tomadores de la ciudad universitaria que tanto daño le han hecho a la inmensa mayoría estudiantil, entonces queda el camino de emplazar a la autoridad policial y denunciar al organismo que vela por el respeto de los derechos humanos, por permitir que se vulnere la ley, y se intimide a miles de estudiantes privándolos de recibir sus clases.

En honor al derecho y a la razón, y hasta a la misma sinrazón, hay que decirlo: no es fácil ser tolerante con los intolerantes, y sin embargo el “supremacismo” del diálogo abre puertas para encontrar soluciones. Las autoridades universitarias han hecho lo correcto, pedir que los tomadores devuelvan las instalaciones universitarias para comenzar. De antemano se sabe cómo responderán los tomadores de la universidad. Lo que resta saber es si la autoridad policial seguirá de brazos cruzados, haciendo su papel de autoridad simbólica.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 9 de agosto de 2018.