La no aplicación de la ley y sus consecuencias

julio 3, 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El principio de autoridad es irrenunciable, y quien asume responsabilidades ante una nación no puede deslizarse en el anacronismo de dejar hacer y dejar pasar, ya sea por temor, por incompetencia o por diversas razones que son inaceptables como excusa, porque al aceptar una obligación implica el cumplimiento de las leyes en doble itinerario: por un lado acatar las disposiciones legales y por el otro, ejecutar el cumplimiento ante terceros.



Cuando una institución de tanta trascendencia nacional como la UNAH, cae en una especie de limbo, en que es presa del arrebato radical de un pequeño sector anarquista que se ha tomado las instalaciones universitarias como si fueran de su propiedad, en desmedro de más de 90 mil estudiantes que están siendo privados de recibir sus clases, se hace imprescindible que las autoridades de la máxima casa de estudios de nuestro país, tomen la iniciativa para reasumir el control de los predios universitarios, que han caído en manos de un pequeño grupo radical desde hace algún tiempo.

Todo pasa por aplicar la ley, porque ninguna iniciativa en cualquier área que esté fuera de la ley es permitida; el problema es cuando la autoridad de una institución como la UNAH, renuncia en forma abierta a la aplicación de la ley, mientras permite que sectores intrusos actúen fuera de la ley tomándose las instalaciones e impidiendo el desarrollo normal de la vida académica de la más importante universidad hondureña.

Escudarse en el razonamiento de que la UNAH es el reflejo de lo que acontece en el país, es un argumento que no resulta eficaz para eludir la responsabilidad de enfrentar este grave problema que compete a las autoridades universitarias. La UNAH se rige por su propia Ley Orgánica, y siendo una institución autónoma, que se sostiene con un porcentaje del presupuesto nacional que maneja en forma independiente, así como es independiente para elegir sus autoridades y planear la vida académica universitaria, no debe extraviarse que, en el marco de la  correlatividad, en todo lo demás está sujeta al orden jurídico nacional.

En cuanto al incidente ocurrido en días pasados, es impensable que la policía crea que puede irrumpir en el campus universitario en cualquier momento, cuando las circunstancias lo exigieran, porque la obligación que cumple como cuerpo garante del orden público y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, se limita a impedir que los miembros de este grupo radical que se parapeta en el campus universitario de la Nacional Autónoma, se tomen la vía pública frente a ciudad universitaria, impidiendo la libre locomoción, en perjuicio de la ciudadanía que se moviliza por ese sector. La policía no puede abandonar su obligación de despejar la calle, y cuando lo hace, la respuesta de los individuos encapuchados es violenta y agresiva, porque los miembros de ese grupo no juegan, agreden y atacan con armas de fuego.

En tal situación, y aunque las autoridades universitarias apelan al diálogo para resolver el problema, el pequeño sector reincidente ofrece como respuesta estar dispuesto a seguir la lucha, entendiéndose que continuará tomándose las instalaciones universitarias en perjuicio de la vida académica y administrativa del Alma Máter. Frente a esta postura radical no cabe más salida que la aplicación de la ley, sin que esto signifique que las autoridades universitarias deban tomarse la ley en sus manos, porque el camino que la misma ley señala es apegarse al procedimiento normativo jurídico, que corresponde a los operadores de justicia. Cuando elementos antisociales se apropian o secuestran bienes públicos, lo procedente es, como primer paso, entablar la denuncia ante el Ministerio Público, para que este ordene a la autoridad el desalojo o captura de los elementos invasores, si fuera preciso.

Para aplicar la ley hay procedimientos, la ley no se aplica por la propia mano del perjudicado, porque justicia que se toma por manos propias, conlleva a la injusticia y al delito, y no es permitido combatir un delito cometiendo otro delito. Pero tampoco es aceptable que una autoridad baje los brazos, haciendo nada por impedir que un grupo facineroso se perpetúe en su acción delictiva, en perjuicio de más de 90 mil estudiantes que, por sus propias manos tratan de abrirse espacio entre las barricadas que ponen los encapuchados, para llegar a las aulas y recibir las ansiadas clases. Y cuando no lo logran, por la reincidencia de los encapuchados, se contentan con recibir la enseñanza a la intemperie, sentados en gradas.

La UNAH no puede seguir entre la excusa y la duda de sus máximas autoridades, mientras un pequeño sector radical, actuando fuera de la ley, se ha convertido en dueño de la más importante decisión de la vida universitaria: cerrando los predios universitarios a su antojo y capricho, mientras que el estudiantado, que es el más afectado, con tristeza contempla que todo esto pasa por ausencia de autoridad.

Así son las cosas y así se las hemos contando hoy miércoles 3 de julio de 2019.