La institucionalidad responde

junio 7, 2017

Tegucigalpa, Honduras

La fiscalía especial para la defensa de la constitucionalidad del Ministerio Público, emitió su opinión respecto al artículo 335 B de las reformas a la codificación penal, por considerar que es inconstitucional. La respuesta de la mencionada fiscalía es en base a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Edgardo Rodriguez de la Asociación Libertad y Democracia, quien en su exposición elaboró argumentos sólidos para demostrar que varios artículos resultan transgredidos con el mencionado 335 B.



El análisis de la Fiscalía para la defensa de la constitucionalidad será turnado ahora a la Corte Suprema de Justicia para que emita su opinión, dejando abierto el camino para que los interesados procedan de acuerdo al debido proceso que llegará por fin al Congreso Nacional, que es donde finalmente se dictaminará si se deroga o se mantiene el nuevo precepto, que atenta contra el principio de la libertad de expresión, que según la carta de las Naciones Unidas, es un principio sagrado que no puede ser violentado, excepto en el caso de los gobiernos despóticos.

Este es un asunto de mucha profundidad, porque en Honduras en los últimos tiempos hace impacto un periodismo bastante degradado, especialmente en estos últimos años cuando algunos medios usan como elemental doctrina para conquistar audiencias, repetir el pánico callejero que producen las muertes violentas por diferentes razones. A veces la voluntad de la población es dominada por el morbo, y los medios que dedican sus mejores espacios a difundir los hechos criminales consiguen lo que los terroristas buscan con sus acciones violentas, que es hacer una apología de cada uno de los crímenes. Y esto no es de manera inconsciente, porque los que dirigimos un medio de comunicación, sabemos perfectamente la influencia que podemos causar cuando le damos énfasis a una noticia televisada o le dedicamos grandes espacios en las páginas de los diarios. Y una vez hechas las transmisiones o publicaciones no hay forma de provocar un efecto inverso, porque la percepción queda impregnada en la mente del público.

Hace poco estudiantes de la UNAH realizaron una encuesta interesante donde mostraban los medios televisivos hondureños y los periódicos más adeptos a la información roja destacada con una preponderancia de color amarilla. La encuesta fue hecha entre ciudadanos que dijeron que medios son los que viven encantados con destacar los hechos criminales y no hay engaño, porque entre nosotros sabemos quiénes vivimos empeñados en mantener un periodismo que no se revuelque en el lodazal ni en los morcilleros donde la materia prima es la sangre.

Sin embargo hay quienes entre nosotros parten que el negocio en los medios es darle al público lo que este quiere y que si sangre es lo que le más le apetece a la gente, sangre hay que darle. Semejante pensamiento que concuerda más con el espíritu del Conde Drákula que con el sentido del periodismo responsable, es el que defienden ciertas personas, para decir que limitar este tipo de cobertura periodística es un atentado a la libertad de expresión. Nosotros no compartimos esta forma de reflexionar, pero la respetamos y damos todo nuestro respaldo a quienes piensan que el diputado que propuso la modificación para combatir la exaltación de las acciones criminales cometió un error, que ya le costó la consecuencia política de no resultar electo como lo había conseguido antes.

Pero el hecho es que ante la petición generalizada para reformar la modificación que propuso el diputado Oscar Alvarez, la institucionalidad recibió un reto en el momento que una organización la planteó como una acción inconstitucional. Y lo bueno es que la institucionalidad ha respondido, por medio de la fiscalía de la defensa de la constitución. Esta respuesta demuestra que está funcionando la institucionalidad en nuestro país, y que ahora, ante esta opinión de la fiscalía especializada, a la Corte Suprema de Justicia no le queda más que evacuar con un dictamen que puede ser favorable o contrario a la opinión de la fiscalía.

Y de cualquier manera que se pronuncie la CSJ, a los sectores que se consideran perjudicados les quedará el derecho de impugnar, con lo cual se activarán todos los resortes de la institucionalidad, que es lo precioso de la democracia. Del lado en que caiga el dictamen del Poder Judicial, la moneda de la justicia ahora está en el aire y dependerá en buena medida que la Sala de lo Constitucional considere que la modificación propuesta por el diputado Oscar Alvarez es una barbarie legislativa que atenta contra preceptos constitucionales, o por el contrario, que la modificación del diputado responda a la necesidad de evitar que los medios informativos se excedan en la inflamación de los hechos criminales. Este es el juego impresionante que solo lo permite la Democracia, que la institucionalidad responda poniendo en acción a las instituciones entre sí.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 6 de junio de 2017.

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