La calle no puede dictar sentencias

julio 31, 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS



La resolución de la magistrada Lidia Álvarez sobre el caso «Pandora» que involucra a diputados y funcionarios, es un pronunciamiento de justicia del Poder Judicial hondureño que responde a la práctica jurídica que existe en todos los países regidos por un sistema democrático. Las sentencias y los fallos de los jueces y magistrados pueden ser objetados y criticados, pero a la vez deben ser respetados, porque cuando un juez resuelve lo hace a nombre del sistema jurídico y como tal, una condena o una absolución es el resultado de la aplicación de la ley que hace un magistrado.

El jurista Jiménez de Asúa decía en su tratado sobre sentencias, que cuando un juez o magistrado establece la naturaleza de la pena, si bien debe pensar en el rigor de la ley, debe aplicar esta sin la intención de agravar el rigor sobre el sujeto o reo, excepto en casos de mala conducta o persistencia en reacciones antisociales. Una resolución o una sentencia de un magistrado, según el tratadista Jiménez de Asúa, no es una descarga penitenciaria, es simplemente la pena o medida de seguridad que se adopta en busca de la regeneración del delincuente o sujeto. O sea que, según Jiménez de Asúa, el objetivo de la resolución o sentencia no es otro que la justicia misma.

La doctrina jurídica es tan rica para entender la verdadera esencia del derecho, que requiere muchos días de estudio para poder proclamar el principio de Ulpiano, de dar a cada uno lo suyo, por lo que no deben esperar los sectores de la sociedad que la justicia está hecha para cortar la cabeza de los indiciados desde el primer momento que son acusados. En la antigüedad no había respeto para todo aquel que resultaba implicado en la comisión de un delito, pero esto quedó superado cuando en Inglaterra en los años 1200 fue creado el “debido proceso” que tiene como plataforma principal la presunción de inocencia.

La actuación de la magistrada Lidia Álvarez ha sido apegada al derecho, su resolución nos ha parecido que está enmarcada en el estricto cumplimiento de la ley, sin favoritismo de ninguna clase y sin apariencia redundante para perjudicar o beneficiar a los indiciados. En su resolución ha predominado la objetividad, que es el mandamiento del juzgador cuando le toca aplicar la ley a casos concretos. Todos lo que la critican de manera seria o recurriendo a la sorna, deben saber, sean abogados o no, que los jueces, magistrados y tribunales son ante todo “árbitros de equidad” para lo cual se preparan debidamente, para saber aplicar en base al tecnicismo procesal el correcto sentido de la ley. El tecnicismo jurídico, según los tratadistas como Jiménez de Asúa, no es una herramienta que repudia, sino que procura enjuiciar conforme el sujeto ha cometido el delito, no prejuzgando ni yendo más allá que lo establecido por la ley.

Aquí se ha desatado una especie de tormenta de prejuicios cuando califican de lavado de activos los hechos atribuidos a los diputados que han usado fondos provenientes de subsidios que tradicionalmente el Congreso Nacional les concede a los parlamentarios para que beneficien a sus comunidades que los eligieron con obras de beneficio comunal. Esto ha sido una práctica que data de mucho tiempo atrás, en gobiernos nacionalistas y liberales. Quizás lo que procede en el afán rectificador es que esta práctica sea abolida y que los diputados, en la ejecución del plan de nación, tengan el derecho de plantear al gobierno central aquellas obras que deben ser financiadas con las partidas del presupuesto nacional destinadas a las distintas regiones.

La sentencia de la magistrada Lidia Álvarez es desde todo punto de vista una sentencia justa, porque su pronunciamiento en los actos de cada uno de los individuos involucrados en el caso «Pandora», se apegó a la ley, actuó como nuestro sistema jurídico lo define: se fundamentó en la justicia misma, y sus argumentos filosóficos, jurídicos y prácticos estuvieron centrados en nuestra legislación vigente. Se impone que la actuación de la magistrada Álvarez sea respetada, sin excluir que los operadores de justicia restantes hagan uso del derecho dentro del debido proceso para apelar y recurrir si fuera el caso. El fondo del derecho es majestuosamente democrático, un juez es un juzgador no un dictador. Pero lo que todos debemos tener en cuenta, es que la calle no puede dictar sentencias, estas competen exclusivamente a los magistrados y tribunales.

Por lo tanto, las partes involucradas deben saber que, por medio de sus defensores, deben prepararse porque este proceso promete ser muy largo para ellos. Los operadores de justicia volverán a la carga, porque su trabajo es demostrar que los imputados son culpables, mientras los abogados defensores harán lo suyo intentando desvanecer los cargos que se atribuyen a sus defendidos. Y los jueces harán la parte más importante: que es la construcción de sentencias apegadas al derecho, que deberán ser verdaderos fallos judiciales que condenarán o absolverán a este numeroso grupo de ciudadanos, ex funcionarios y diputados, cuyas causas dejan material suficiente para que la Facultad de Leyes de la UNAH y las escuelas de derecho de las demás universidades, puedan escribir sus propios registros doctrinarios que serán una fuente importantísima en la jurisprudencia hondureña para los años futuros.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 31 de julio de 2018.

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