Justicia por el bien de Honduras

agosto 28, 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Es una miseria moral decir que en Honduras no se está haciendo justicia, viendo como está actuando el Poder Judicial en diferentes casos que han sido documentados por el Ministerio Público, casi todos relacionados con irregularidades cometidas por funcionarios y personas vinculadas de alguna manera al manejo de fondos públicos. Los tribunales de justicia se han pronunciado sobre varios casos, entre ellos el que involucra a la señora Rosa de Lobo, por apropiación indebida de dineros públicos, sentenciada a condenas que suman a unos 58 años de cárcel, una vez que los jueces hicieron la medición de la pena.



Esta sentencia es algo fuera de serie en el panorama judicial hondureño, algunos opinan que por el bien de Honduras el Poder Judicial sienta un precedente y da satisfacción a las diferentes esferas de opinión pública que han venido reclamando que hasta ahora ningún pez grande estaba en la cárcel, aseveración que ya está fuera de contexto porque ya hay varios grandes detenidos, esperando que les sea individualizada la pena. Lo que no debemos incubar como cultura es acostumbrarnos a crear una ofensiva de presión para que los tribunales emitan sus resoluciones porque así lo quieren las organizaciones no oficiales que coadyuvan con la investigación de ciertos casos.

La justicia corresponde impartirla a los tribunales y en estos son los jueces los que deben aplicar la ley sin disminuir el alcance de las penas, como tampoco es moral ni legal que extiendan el tamaño de las penas para castigar el delito. La pena es la consecuencia jurídica del delito pero en Derecho Penal no todas las consecuencias jurídicas del delito constituyen penas, de allí que una de las tareas más difíciles que se le presentan a los jueces en los tribunales es medir con plena justicia la consecuencia de un delito para aplicar la pena establecida en la ley, sin que traspase el límite y llegara a constituir injusticia.

El Derecho Penal es una de las materias más difíciles que existe en las ciencias jurídicas, por lo cual se impone la necesidad de actuar con buen juicio cuando no siendo conocedor de las leyes, y aun siéndolo, pero no exactamente de la materia penal, es conveniente no emitir criterios que caen en el campo del azote callejero, alejados de la crítica científica que pudiera emitir un experto en la materia.

Hacer justicia no tiene que ver con la sed de venganza justiciera, que algunas personas o entidades pretenden que se haga para “sobre-castigar” a un sentenciado por un tribunal. El caso de la señora Rosa Elena de Lobo, al ser sentenciada, se ha interpretado que podría ser condenada al individualizar las penas, hasta 58 años de prisión, pena que podría ser apelada por los abogados de doña Rosa, y que de tener consecuencias la apelación, podría ser reducida a la condena con menor cantidad de años de prisión.

Esto es el derecho, donde hay atenuantes y agravantes a las penas. En EEUU un elemento ligado al narcotráfico está a punto de recuperar la libertad, beneficiado por la atenuante de haber colaborado como informante de las actividades de otros delincuentes, lo que para las leyes de aquel país significa una importante ayuda en el objetivo de castigar a los autores de un delito grave como es el narcotráfico. Nadie en EEUU, ni personas ni medios de comunicación, protestan por la aplicación del derecho, porque saben que así está contemplado en el debido proceso.

En el caso de doña Rosa de Lobo es exagerada la carga acusatoria del Ministerio Público al pedir muchos más años de los que ya establece el Código Penal para los delitos imputados a doña Rosa. Los tratadistas del Derecho Penal, en carácter de jurisprudencia, sostienen que no se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumbe a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del Código Penal vigente y en virtud de sentencia dictada por juez o tribunal competente.

La justicia justiciera se vuelve morbosa y se aleja del derecho para caer en el campo de la saña malvada, cuando quienes tienen el deber de acusar se extravían por causas ideológicas y pasan a hacer al triste papel de verdugos, convirtiéndose en operadores arbitrarios, pero como el juez o tribunal es el único que puede aumentar o reducir la pena, estimamos que en el caso de la señora Rosa de Lobo, los jueces que la han juzgado conforme las pruebas aportadas por los fiscales, han resuelto con cuantos años se debe penalizar a la ex primera dama. Y que, al apelar sus abogados, pudiera ser que a la señora Lobo se le reduzca la pena inicial de 58 años. Pero no aumentarla a la exagerada pena de 70 y pico de años de prisión.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 28 de agosto de 2019.