Juicio en Nueva York, ¿en contra de quien?

octubre 23, 2019

Honduras

No cabe duda, el juicio y el resultado del juicio celebrado en Nueva York, en contra de “Tony” Hernández,  ha tenido gran impacto. Lo que no quiere decir que será duradero. Los hondureños nos quejamos del verano; pero a las primeras lluvias, olvidamos los buenos propósitos de enmendar las prácticas de su uso y de crear soluciones de  largo plazo, para conservar el agua. Somos pues, una cultura de memoria corta; de escasa capacidad crítica y de una visión de corto plazo que nos impide la necesaria continuidad que se encuentra en la base de todas las culturas superiores que hemos tenido en el planeta.



Por ejemplo, le decisión del jurado, ha sido visto como una evaluación de la Presidencia de Juan Orlando Hernández (Raúl Pineda Alvarado, nacionalista y ex asesor de la Fiscalía General de la República) como un juicio destructivo en contra de Honduras (JOH, Presidente de la República) y otros, como un castigo en contra de quien mintió y violó la ley, amparado en la impunidad que dan las relaciones en una sociedad como la nuestra.

Pero muy pocos – no hemos escuchado a nadie, hasta ahora – que diga que este juicio es la valoración de un sistema político que, en términos generales, está deteriorado. Que opera fuera de la ley y cuya característica es el partidarismo para el diseño de los juicios, seguido del intercambio de favores, (entre cuates como dicen los mejicanos y nosotros llamamos de compadres); con un sistema judicial incapaz e impotente en algunos momentos; una Fiscalía General que no ha podido – a estas horas – identificar los nombres siquiera, de los muertos que se auto atribuyeron los testigos en Nueva York–; un sistema político poco democrático que no rinde cuentas y que, además, no admite controles sobre la conducta de los gobernantes y funcionarios, y una cultura política en la que los ciudadanos, se consideran inferiores al gobierno, a los líderes políticos y a los gobernantes que, en consecuencia, pueden hacer con el poder lo que quieran. Porque dicen con cinismo, “poder que no abusa”, es un poder que pierde prestigio. Es el sistema político y de poder hondureño, el que ha sido en realidad, condenado en la figura de “Tony Hernández”, de los policías y de los roba vacas que dieron protección y apoyo a las actividades irregulares de los violadores de la ley.

Por manera que este análisis hay que alejarlo de lo vengativo que domina la cultura nacional, para realizar un análisis que nos permita descubrir, porque una sociedad como la nuestra, frente a la tentación fácil del dinero, se presta a usar al gobierno y sus competencias, para ponerlas al servicio de los delincuentes. Empezando por reconocer, que los abusos de poder de sus titulares, parientes y correligionarios, no es de ahora. Empezó en la colonia española y ha seguido, en intensidades diferentes, en la etapa republicana. Creer que esto es primera vez que ocurre – “que barbaridad, nunca habíamos visto esto”, es hipócrita y cínico – solo explica infantilismo e incluso el cretinismo en su etapa terminal que sufrimos.

Si el juicio y la condena es una prueba de la ineficiencia del sistema que  produce las redes de criminales que asesinaron personas, permitiendo a “grupos” amasar enormes fortunas y penetrar y corromper las instituciones judiciales y políticas del país, lo que hay que hacer es, someter a una revisión profunda, al sistema político para impedir que los hechos que nos llenan de pena y vergüenza, vuelvan a repetirse. No tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Menos lamerla desde el suelo para escupirla a los adversarios. Lo que hay que hacer es, cerrar los portillos por donde se colaron los delincuentes; poner llaves a las puertas usadas para darle información y protección a los que se pusieron al servicio de los narcotraficantes. Y para ello, hay que concluir que el sistema político esta agujereado y que el sistema educativo y la sociedad dañada, porque en vez de interrogarse sobre el éxito fácil, más bien lo celebra y busca la forma de compartirlo. Hay que empezar con el aparato de seguridad. El sistema policial centralizado impide que la ciudadanía pueda controlar,– desde un liderazgo democrático–, el comportamiento de los jefes, oficiales y clases de la entidad policial. Para después, colocar a los ciudadanos por encima de las autoridades policiales, para que sean estas quienes supervisen sus acciones y valoren su subordinación a la ley. Incluso, podríamos empezar a pensar que los jefes policiales sean electos por los ciudadanos, no entre profesionales engañosos, sino entre los más honrados y de más compromiso con el bien común. Hay que reflexionar sobre la necesidad de un Congreso bicameral para controlar a los que representan a los territorios, desde los intereses de los ciudadanos. Para después, revisar el sistema de elección de los magistrados de la Corte. Bien para cuestionar que lo hagan los partidos, sin autoridad para ello, sustituyéndolo por nombramiento de por vida por parte del presidente de la república y la aprobación del Congreso; o como lo probó la constitución de 1894, elegidos por el pueblo, entre nóminas de los más honrados abogados de la república. Y finalmente, hay que destruir el centralismo presidencial, devolver las competencias originarias al Congreso Nacional y darle nuevamente las capacidades para que desde las alcaldías y los departamentos, se hagan las decisiones que obligan al poder central a servir a los intereses de la ciudadanía. Esto para empezar una discusión que nos haga darle vuelta al calcetín al país que, en Nueva York, mostró las costuras rotas de una institucionalidad hecha pedazos.