Jugando contra el país

julio 15, 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La denuncia formulada por el propio JOH, que por una orden judicial, delincuentes de alta peligrosidad fueron sacados de celdas de máxima seguridad y mezclados con el resto de los prisioneros, provocó un drástico aumento de la actividad delictiva durante los meses de febrero, marzo y abril de este año, es un caso muy serio donde lo anormal se tiene como normal, sabiendo el daño que esto puede ocasionar a la sociedad y al país. Esta anormalidad disparada desde algún tribunal de justicia a cargo de un juez, que si no inconscientemente es de los jueces que ha perdido la brújula, al dictar una resolución que contraviene todos los parámetros de seguridad del régimen penitenciario hondureño.



Todas las medidas para mantener un control rigoroso en una cárcel de máxima seguridad, de repente se quedan cortas, porque entre los prisioneros hay personas con un talento excepcional para seguir delinquiendo desde las cárceles o para el escapismo, que bien podrían caber en los circos de magia, donde las atracciones son los escapistas. ‘El Chapo’ Guzmán, célebre por las fugas más increíbles, hoy es marcado de cerca, apenas a milímetros, por la desconfianza que le tiene el sistema carcelario de EEUU, no así en México, donde el Chapo gozó de consideraciones que le dispensaron las autoridades mexicanas.

Las cárceles hondureñas, llamadas de máxima seguridad, no llegan a coronar esa calificación en un ciento por ciento, son prisiones con medidas de rigor que se vuelven frágiles por la debilidad de los centinelas que, aunque son minuciosamente escrutados para desempeñarse como celadores de prisiones de máxima seguridad, por lo general son personas que proceden del cuerpo policial donde los grupos criminales han penetrado estableciendo vínculos fraternales de negocios, por lo que no son lo suficientemente confiables.

Pero si a esto se agrega que la resolución de un tribunal afloja las compuertas del rigor que debe haber en una prisión que supuestamente es de seguridad máxima, hay que pegar el grito en el cielo, porque podría interpretarse que hay tribunales trabajando como compinches de los grupos delictivos, haciendo el trabajo de ablandamiento dentro de las prisiones. Y entonces cabe otra pregunta: ¿quién puede controlar a estos jueces que han dado un paso al lado, para pasarse al servicio de los antisociales?

La denuncia de JOH es grave, porque se supone que en el Poder Judicial hay una inspectoría que vigila el trabajo de los jueces mediante un marcaje estricto que conduce a escudriñar la inclinación o desorientación de algún magistrado, y si una irregularidad como la denunciada por el mandatario hondureño, que ha venido afectando desde hace varios meses uno de los principales recintos que funciona en el esquema de máxima seguridad, no se detectó por la Inspectoría de Tribunales, el Poder Judicial debe encender sus alarmas porque significa que dentro del sistema judicial podrían haber fugas peligrosas.

No es normal que un tribunal de justicia tome una resolución que trastoque las medidas internas en una prisión de máxima seguridad, como no es normal que pase algo así sin que la Inspectoría de Tribunales no se dé cuenta. Con esta denuncia, una crisis de confianza puede sobrevenir en los niveles del Poder Judicial donde se manejan estas decisiones, lo cual obliga a la cúspide del máximo tribunal de justicia a investigar al juez o jueces que fueron los responsables de trastocar la línea establecida para los prisioneros de alta peligrosidad con el resto de la población penitenciaria.

Con este hecho, el problema para mantener a los prisioneros debidamente delimitados se duplica, porque distanciar a los privados de libertad altamente peligrosos del resto de los prisioneros comunes, dependerá no solo de la confianza en los celadores de las prisiones, sino que, de la moralidad o inmoralidad de ciertos jueces o tribunales.

Esta ya es otra historia en el régimen penitenciario, no contábamos con estos deslices judiciales en favor del contexto delictivo. Para ya fue detectado, y de graves consecuencias. Lo que procede es que previa investigación, se haga la reparación inmediata, en primer lugar separando de inmediato al juez o jueces que entraron en connivencia con el orden delictivo.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 15 de julio de 2019.

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