Juez revoca medidas y enviará a la cárcel a ex miembros de Concejo de la Judicatura

agosto 2, 2018

Tegucigalpa, Honduras

La corte de apelaciones en materia de Corrupción dictó, sin lugar, el recurso de reposición presentado por los abogados defensores de los ex miembros del Concejo de la Judicatura.



Lo anterior permite que quede firme el auto de formal procesamiento de primera instancia y revoca las medidas sustitutivas de prisión que gozaban actualmente.

Los imputados son, Jorge Alberto Rivera Avilés, Teodoro Bonilla Euceda, Julio Cesar Barahona Henríquez, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado Sierra, Celino Aguilera Amador.

La juez que conoce la causa convocará a los imputados a una audiencia de cambio de medidas donde les notificará resolución.

Si no se presentan a la audiencia, la juez les ordenará orden de captura.

El Ministerio Público presentó el pasado 9 de abril un requerimiento fiscal por 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, en contra del pleno del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, entre los que se incluye al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.

Al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera y a la vez expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos, mientras que al expresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.

En el caso de Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.

Asimismo, a Liliam Emelina Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales Públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.

 

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