Jueces piden esclarecer muerte de 84 abogados

octubre 24, 2014

Los jueces y magistrados pidieron hoy a las autoridades del país esclarecer los 84 asesinatos de abogados que se han registrado en la nación desde 2010, al condenar la muerte de la exjueza de paz Iris Argueta.
Los juristas condenaron, específicamente, «el asesinato cruel, cobarde, reprochable e indignante» de la exjueza de paz Iris Argueta, quien fue atacada ayer en Catacamas, Olancho, por hombres que se transportaban en una motocicleta, indicó un comunicado de la Asociación de Jueces por la Democracia y la de Fiscales.
Argueta era defensora pública en Catacamas y murió anoche en un hospital de esa ciudad a causa de las heridas de bala que recibió, según las autoridades policiales.
Los jueces también reprobaron concretamente «los repugnantes» asesinatos de las fiscales Marlen Banegas y Patricia Eufragio, quienes fueron acribilladas el pasado 11 de octubre en San Pedro Sula, en el norte del país, caso por el que las autoridades han detenido a cuatro personas.
Por estos hechos, los juristas exigieron al Supremo hondureño y a la Fiscalía que unan esfuerzos con el Ministerio de Seguridad para «descubrir a los responsables de las muertes de estas tres ejemplares ciudadanas y otros que a la fecha se encuentran en la impunidad y que ofrendaron sus vidas al servicio de la Patria».
En Honduras han sido asesinados 84 abogados desde 2010, incluida Argueta, según cifras del estatal Comisionado de los Derechos Humanos.
Los jueces también pidieron al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que desplace de «inmediato» a Catacamas al subdirector de la Policía, Félix Villanueva, para que coordine la investigación del asesinato de Argueta, añade el comunicado.
Los jueces también pidieron al gobernante que Villanueva «no abandone esa ciudad (Catacamas) hasta que se haya descubierto a los autores materiales e intelectuales de tan abominable hecho y ponga a la orden del Ministerio Público las pruebas irrefutables de su participación».
Los jueces y magistrados instaron a las autoridades a crear una «política criminal de prevención» para acompañar el endurecimiento de las penas contra aquellas personas que asesinen a operadores de justicia y que fortalezcan la investigación criminal, señala el documento.
El presidente Hernández sancionó ayer un decreto legislativo que aprueba la cadena perpetua para quienes cometan magnicidio contra los titulares de los tres poderes del Estado, operadores de justicia y diputados.
«Quien se atreva a proponer tan siquiera a conspirar o ejecutar un atentado contra los operadores de justicia va a estar en serios problemas y lo vamos a agarrar donde sea», subrayó Hernández al sancionar el decreto legislativo.
Agregó que las personas que atenten contra los operadores de justicia en Honduras «van a tener que pagar con buena parte de su vida privados de libertad».
Honduras vive una violencia criminal que a diario deja un promedio de casi quince muertos, según autoridades locales.(EFE).



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