Investigan 80 nuevos casos de corrupción en el Seguro Social

abril 9, 2018

El MP ha presentado requerimiento fiscal contra 46 personas en los 17 casos judicializados del IHSS, de las que nueve se encuentran prófugas.

 

 



 

Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades del Ministerio Público (MP),  investigan  80 nuevos casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS),  cometidos en el período 2010-2014, confirmaron fuentes de las entidades contralores del Estado.

Según las pesquisas, se trata de indagaciones de 40 hechos de corrupción en el Hospital Regional del IHSS en San Pedro Sula, Cortés, y 40 en los diferentes centros de atención en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

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“Las investigaciones no se han detenido, se han trabajado con dedicación en la medida que también se ha trabajado en procesos judiciales incoados contra los responsables del descalabro financiero del IHSS”, expresó la fuente.

El fraude en el IHSS durante 2010 a 2014 generó una pérdida entre 6,399 millones de lempiras debido a contratos sobrevalorados, transferencias internas entre regímenes, pagos de convenios a empresas de maletín, entre otras anomalías.

El Ministerio Público, por medio de la Unidad de Apoyo Fiscal (Unaf), ha presentado 16 requerimientos fiscales por la estafa en el IHSS.

Bajo secreto

Los 80 casos que investiga el MP se realizan bajo estricta confidencialidad y por ello la fuente no entró en muchos detalles.

No obstante, explicó que algunas líneas de investigación están relacionadas con multimillonarios contratos de obras y servicios que fueron sobrevalorados.

El dinero para los pagos de estos contratos salió de transferencias que se hicieron del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), y Muerte a Enfermedad y Maternidad (dedicada a la atención médica).

La Junta Directiva del IHSS del período 2010-2014 aprobó las transferencias entre los regímenes para que el entonces director de la entidad provisional, Mario Zelaya, dispusiera de recursos para cancelar los convenios.

De igual manera, los directivos del IHSS autorizaron a Mario Zelaya para que abriera líneas de crédito en instituciones bancarias para que pudiera pagar otros acuerdos onerosos.

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En consecuencia, los exintegrantes de la Junta Directiva del IHSS nuevamente aparecen como parte de los exfuncionarios investigados por avalar los procedimientos para los pagos de los nuevos contratos sobrevalorados.

Este mismo modus operandi es el que se realizó para el pago de 290 millones de lempiras a empresas de maletín que firmaron convenios con el IHSS.

Las sociedades de maletín fueron conformadas por parientes y amantes de exfuncionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Los recursos cancelados a estas empresas fueron usados para las compras de bienes en Honduras y el extranjero, así como viajes de placer y compras de artículos de lujo.

Las nuevas líneas de investigación abarcan pesquisas sobre el uso de los recursos de IHSS para gastos en el extranjero, por lo que no se descarta que se soliciten asistencias judiciales para documentar los casos.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), emitió en marzo pasado un pliego de responsabilidad penal contra Mario Zelaya y otros exfuncionarios por el sobrevalorado Proyecto de Modernización Financiera del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Mofihss), a la empresa Sistemas Abiertos S.A de C.V, que causó un perjuicio de 600 millones de lempiras al Seguro Social.

En noviembre de 2017, la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), en el sitio www.saqueoihss.com, indicó que las 15 líneas judicializadas representaban un 30% de los casos que formaban el latrocinio contra el IHSS.

Es decir que aún investigaban el 70% de los casos, que representaban unos 45 nuevos hechos de corrupción en los que se despilfarraron cerca de 2,500 millones de lempiras, pero ahora la cifra de actos irregulares que están bajo la lupa asciende a 80.

El MP ha presentado requerimiento fiscal contra 46 personas en los 17 casos judicializados del IHSS, de las que nueve se encuentran prófugas.

El exdirector Mario Zelaya ha sido condenado a 25 años de prisión por la tenencia ilegal de armas (10 años) y por el caso del fallido Programa de Afiliación de Migrante en el Extranjero.

El exfuncionario,  espera una tercera sentencia por sobornos en el juicio que se le encontró culpable junto con otros exservidores de recibir pagos de la Compañía de Servicios Múltiples S. de R. L de C. V (Cosem).

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