Honduras referente en el manejo del Covid 19 en la niñez en conflicto con la ley en la región

noviembre 20, 2020

Tegucigalpa, Honduras

Después de 9 meses de pandemia en el país, la niñez con responsabilidad penal cumpliendo medidas de privación de libertad en los Centros Pedagógicos de Internamiento no han sido afectados con el mortal virus, gracias a la implementación de un protocolo de bioseguridad especializado en atención a niñez y el cambio de medidas sustitutivas a la privación de libertad.



La experiencia nacional fue compartida por el Felipe Arturo Morales, Director Ejecutivo del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI) en el Dialogo Técnico “Gestión penitenciaria en América Latina en tiempos de crisis sanitaria del COVID-19 para Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana, convocado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Internacional de Prisiones (ICPA), con sede en la ciudad de Washington.

El evento inaugurado por Lea Giménez, Jefa de la División de Innovación para Servir al Ciudadano (ICS), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto a Emiliano Blanco, Presidente de la Asociación Internacional de Prisiones en su capítulo de América Latina (ICPA-LA), posibilitó el intercambio de prácticas y desafíos de los sistemas penitenciarios de la región; y en caso de Honduras se concentró el manejo de la pandemia en los Centros Pedagógicos de Internamiento.

El INAMI explicó cómo se ha prevenido el contagio por COVID-19 en la niñez alojada en los centros especializados con la puesta en marcha de un protocolo de bioseguridad diseñado por profesionales de la medicina, microbiología y el equipo técnico con enfoque en niñez y género, la interrupción de patrones de contagio con la suspensión temporal de visitas, el acondicionamiento de filtros de aislamiento para internos de primer ingreso o reingreso y el uso de tecnologías de la comunicación para evitar el desarraigo con la familia y avanzar con los procesos judiciales mediante audiencia y juicios virtuales.

Subrayó que el Sistema Especial de Justicia Juvenil liderado por el INAMI  con el apoyo de los operadores de justicia, activó una campaña de descongestionamiento en los cinco centros que operan el país, beneficiando a 280 niños y niñas con un cambio de medidas que van desde libertad asistida hasta sanciones de orientación y supervisión.

Reveló que actualmente en Honduras, 1387 niños y niñas son atendidos por el Programa de Atención de Medidas Sustitutivas de la Libertad que representan el 87% del total de la niñez infractora; en contrate un 13% esta en situación de internamiento.

El evento virtual también contó con la participación de Ilse Díaz Díaz, Subdirectora General de Adaptación Social (Costa Rica); Cinthia Novoa, Directora General, Dirección General del Sistema Penitenciario (Panamá); Osiris Luna, viceministro de Justicia y Director General de Centros Penales (El Salvador); Alejandro Chang, Subdirector Rehabilitación Social, Ministerio Gobernación (Guatemala), José Ángel Ávila, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (México) y Roberto Santana, Encargado de Asuntos Internacionales del Despacho de la Procuraduría General de la República y Magistrada Hilda Lagombra, Responsable Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria (República Dominicana).

 HACIA LA HUMANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA EN AMÉRICA LATINA

El BID reveló que América Latina y el Caribe (ALC) tiene 1.5 millones de personas privadas de libertad (PPL) viviendo en prisiones con complejas condiciones de salubridad, alto hacinamiento y falta de protocolos y programas de atención y rehabilitación.

Por otro lado, la tasa de encarcelamiento en ALC es el doble de la tasa mundial (World Prison Brief, 2018); y en la última década, la tasa ha aumentado 28%, especialmente entre grupos poblacionales vulnerables, incluyendo la niñez.

La tasa de encarcelamiento de mujeres incrementó 52%. Y, en promedio, 60% de PPL son jóvenes menores de 35 años.

Destacó que en América Latina existe alta punitividad de sistemas penales, excesiva aplicación de prisión preventiva (ya que promedio de ALC es 47% y en algunos países alcanza hasta un 70%), y las condiciones precarias en las que se encuentran algunas de las infraestructuras penitenciarias.

Por otro lado, pese a los avances, hay escasa aplicación de medidas alternativas a la prisión para las personas privadas de libertad  judicializados por delitos menos violentos, a pesar de que la evidencia ha demostrado la efectividad en el proceso de rehabilitación son las medidas alternativas y programas de justicia restaurativa.

 

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