HONDURAS: gobierno y periodistas en ruta de colisión

abril 4, 2017

Es sabido que es preferible un exceso en la libertad de expresión, como ocurre en los Estados Unidos, que la falta de ella, como en Venezuela

Tegucigalpa, Honduras

Por FRANCISCO J. MEJÍA

El Presidente del Congreso Nacional no cumplirá su promesa de derogar el artículo legal que condena la apología e incitación de actos terroristas que puso al gobierno en ruta de colisión con los periodistas hondureños.



El citado artículo, parte de un grupo de reformas enviadas al Legislativo por el presidente Juan Orlando Hernández, fue agregado a última hora por iniciativa del diputado Oscar Álvarez Guerrero y de inmediato generó la protesta de los comunicadores nacionales.

El polémico texto dice así: “Quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de este, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.

El artículo del cuento tiene dos problemas de redacción evidentes, primero describe “medios de comunicación o difusión destinados al público”, lo que es albarda sobre aparejo puesto que los medios de comunicación, por definición, están dirigidos al público.

Y segundo, está el tema del terrorismo, una definición que ha tardado cuarenta años en definirse en el seno de las Naciones Unidas sin que hasta ahora estemos claros en que es y que no es “terrorismo”.

El Presidente del Legislativo, Mauricio Oliva, en la encrucijada entre el Presidente Juan Orlando Hernández y los periodistas, buscó primero una redacción que dejara a todos satisfechos.

En ese sentido se propuso un párrafo que afirma “no incurre en el delito contenido en el párrafo anterior quien se limita a trasmitir de manera objetiva la información, aunque ésta  por su contenido se refiera al delito de terrorismo”.

No es la mejor de las soluciones, pero en principio pudiera resultar que funcione para satisfacer la ansiedad por proteger la libertad de expresión por parte de los periodistas y el afán por imponer un estado de seguridad del Presidente Hernández.

REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ¿IGUAL TRATO?

En un año de elecciones no parece buena idea pelearse con la prensa y menos cuando el poder público participa directamente en la contienda electoral, sin embargo, el gobernante no parece aceptar un retroceso en su determinación.

Es sabido que es preferible un exceso en la libertad de expresión, como ocurre en los Estados Unidos, que la falta de ella, como en Venezuela.

Por otra parte, es comprensible que las autoridades resientan el bombardeo inmisericorde que su trabajo, su persona y sus familias soportan a diario a través de las tan celebradas “redes sociales”, campo fértil para el descargo de las frustraciones de cualquiera con el teléfono móvil en la mano.

Es evidente que la intención de la propuesta de Oscar Álvarez se dirige a eso, a prevenir, mediante el recurso de la amenaza, el despiadado, insultante y burlón ataque al gobierno y sus circunstancias a través de la Internet.

Entretanto, el pulso entre el gobierno y los periodistas podría escalar hasta convertirse en un problema político serio en año electoral, falta saber cuánto está dispuesto a arriesgar el poder público para tratar de imponer su voluntad al cuarto poder.

 

 

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