Honduras: Dos diputados se entregarán voluntariamente

diciembre 12, 2017

La denuncia, fue hecha por  fiscal general, Óscar Chinchilla, y el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor

 

Tegucigalpa, Honduras. 



Este martes la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), continuaría  la «Operación Parlamento», donde  involucra  a cinco diputados y a tres administradores de una Organización No Gubernamental (ONG).

De tal manera, que se ha confirmado que dicha operación no se realizara este día.

Por lo que, el poder judicial ha confirmado que dos de los cinco diputados se estarían presentando  voluntariamente a las oficinas del Ministerio Publico.

Caso

Una red que la  integran cinco actuales diputados del Congreso Nacional, son señalados por el delito de malversación de caudales públicos y  se les ha presentado  un requerimiento fiscal.

Se trata de los parlamentarios Augusto Domingo Cruz Asensio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, del partido Va Movimiento Solidario (Vamos), Dennys Antonio Sánchez, del Partido Liberal y Eleazar Alexander Juárez, de Libertad y Refundación (Libre).

Este es el primer caso de corrupción investigado completamente bajo el esquema de Equipos Integrados que fue presentado este lunes  como parte del trabajo de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción del Ministerio Público (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih).

Los diputados y la diputada solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, los cuales eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.

Los implicados recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), ente que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por L. 3,300,000, el 14 y 21 de diciembre de 2015.

Por lo que, en total se trasladó a dicha ONG L. 8,300,000, incluyendo fondos del Congreso, cuyo destino sigue en investigación.

“Los diputados y la diputada se valieron de una organización no gubernamental (ONG) que recibía fondos para proyectos sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional”, informó Juan Jiménez Mayor.

La investigación tomó varios meses hasta que se lograron identificar los movimientos y transacciones que realizaban con los fondos del Estado.

Según, el seguimiento del caso por parte de la Ufecic, los diputados recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la ONG ANPIBCH.

“Los diputados implicados en esta red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras (ANPIBCH), cantidad que recibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por 3,300,000, el 14 y 21 de diciembre de 2015”, informó el Ministerio Publico.
A los diputados se les imputa el delito de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad asimismo, se solicitó la suspensión inmediata en cada caso de su calidad de diputados.

La denuncia, fue hecha por  fiscal general, Óscar Chinchilla, y el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor y con petición de orden de detención inmediata de los diputados.

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Requerimiento Fiscal

Con la presentación de un requerimiento fiscal se inicia el proceso penal por los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad contra los cinco diputados del Congreso Nacional.

Uno de los cheques fue emitido para el diputado Augusto Cruz Asensio y fue trasladado a la ONG y posteriormente depositado a la cuenta personal del diputado, afirma la investigación.

“La Ufecic y la Maccih han seguido la ruta del dinero y se ha comprobado que los recursos públicos fueron desviados hacia los diputados, quienes no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos, con lo que se perfeccionó el delito de malversación de caudales públicos”, recalcó Jiménez.

Además, se  identificó que de los cinco diputados,  y  a otros particulares como parte de la estructura: Jeremías Castro Andrade, tesorero de la ONG, José Napoleón Panchamé Banegas, director ejecutivo, y Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió,  para decidir el nombramiento del juez natural y la Corte de Apelaciones que conocerá el requerimiento fiscal que fue presentado contra cinco diputados.

Se nombró a la magistrada Alma Consuelo Guzmán, quien estará en la etapa preparatoria del proceso en contra de los cinco parlamentarios.

Igualmente, la Corte de Apelaciones que queda integrada por los magistrados Reinaldo Hernández, Miguel Pineda Valle y Rina Auxiliadora Alvarado.

Asimismo, será la jueza Guzmán la que ahora valorará la sustentación que ha presentado la Ufecic para determinar si procede a emitir las órdenes de captura (que solicitaron) contra los cinco implicados en la red de diputados y al resto de implicados.

La Ufecic y la Maccih afirmaron que se realiza una exhaustiva investigación financiera y penal a la red y además anunciaron que hay en puerta otras investigaciones más de corrupción en el país.

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