Gobierno español destituirá a Puigdemont y su gabinete

octubre 21, 2017

Las elecciones de las que saldrá el nuevo gobierno autonómico deberán realizarse en un plazo máximo de seis meses.

España

El presidente de gobierno de España, Mariano Rajoy, anunció este sábado en rueda de prensa una batería de medidas encaminadas a asumir temporalmente las principales funciones de autogobierno de la región de Cataluña, en un intento por frenar una iniciativa independentista.



El Ejecutivo propone proceder al cese del presidente (Carles Puigdemont), el vicepresidente (Oriol Junqueras) y de los consejeros del gobierno regional (la Generalitat), y que esos cargos sean asumidos por el gobierno central de España. También pidió que se realicen elecciones en esta región en un plazo máximo de seis meses y recortó funciones al Parlamento regional.

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Rajoy aseguró que ha aplicado el artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional, asegurar la neutralidad institucional, garantizar la actividad económica y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, los críticos de la decisión la catalogan como una ruptura de la democracia no solo en Cataluña sino en España.

Las medidas, que fueron pactadas con el principal partido de la oposición (PSOE), se decidieron en un consejo de ministros extraordinario, que se reunió para estudiar un artículo de la Constitución de 1978 que se aplica por primera vez en la historia de España. En una sesión prevista en el Senado –en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta– el 27 de octubre se espera que se otorgue la autorización para poner en marcha el anuncio de Rajoy. Además del PSOE, cuenta con el apoyo del partido Ciudadanos.

España acusa al gobierno regional de «desobediencia» constitucional, después de la celebración el pasado 1 de octubre de un referendo que había sido declarado ilegal por la justicia.

El país está sumido en la crisis institucional más grave de la era democrática iniciada tras la muerte del dictador Francisco Franco.

El gobierno ya había anunciado que tomaría medida, , pero se desconocía la dureza de las mismas. Se espera que esta tarde, el presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, dé una declaración después de que fuera anunciada la intención de Madrid de cesarlo a él y a todo su gabinete. Unas horas antes se producirá una manifestación en Barcelona que fue inicialmente convocada para reclamar la libertad de los presidentes de las asociaciones ANC y Òmnium, detenidos esta semana.

«No era nuestro deseo ni nuestra intención» aplicar el artículo 155, dijo Rajoy, que insistió en que existen fórmulas similares en las constituciones de otros países.

El referéndum

El desencuentro entre el gobierno central y regional se mantiene desde la celebración el pasado 1 de octubre de un referendo que fue declarado ilegal por la justicia española y anulado por el Tribunal Constitucional, pero que las autoridades regionales dan por válido.

Según datos del gobierno catalán, votaron 2.2 millones de personas, de las cuales el 90% se mostró partidaria de la independencia. Sin embargo, el censo es de 5.3 millones y los partidos contrarios al referéndum no hicieron campaña por el ‘no’, ni participaron en la consulta. Existieron graves irregularidades en la votación ilegal, que estuvo marcada por una violenta represión policial.

El gobierno español había dado como plazo a Puigdemont hasta el 16 de octubre para que confirmara si había declarado la independencia de Cataluña en una sesión el pasado 10 de octubre en el parlamento regional. «Cataluña se ha ganado el derecho a ser un país independiente», dijo en un discurso que fue considerado ambiguo y en el que además pidió que se iniciara un diálogo.

Pero la aclaratoria no ocurrió y el gobierno español decidió aplicar el artículo 155.

En Cataluña, una región rica con 7.5 millones de habitantes, lengua propia y una marcada identidad cultural, hay una parte de la población que reivindica desde hace años no formar parte de España. La crisis económica, el desacuerdo con el gobierno central sobre el sistema de reparto del dinero público y la demanda por más autonomía política reavivó la causa del independentismo.

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