Estimular la rebelión

febrero 10, 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Policía Nacional de Honduras, cuya misión es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, ha caído por el tobogán de la autodestrucción, porque nadie como la misma policía para hacerse daño, como si la institución se hubiera fijado la meta de avanzar un metro y retroceder tres a la vez. Con el último escándalo por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez, en una celda de la posta policial de La Esperanza, Intibucá, la policía se ha echado por su propia cuenta un nuevo baldón que mancha la reputación que venía recuperando por medio de un proceso de depuración que comenzó hace pocos años, del que todavía no sale cuando por culpa de un hecho criminal ocurrido en el interior de la estación policial de La Esperanza, de nuevo la policía se encumbra en la picota pública por una serie de desaciertos cometidos por agentes y por el alto mando.



La primera cuestión respecto a los hechos que culminaron con la muerte violenta de la joven Keyla Martínez es ver que la policía hondureña no tiene un protocolo definido con claridad para actuar en casos en que se detiene a un médico o a una enfermera, que siendo profesionales claves en la época de pandemia, aunque violen el horario del toque de queda en cualquier ciudad, por su condición profesional de trabajadores que están en la primera línea de combate del coronavirus, son merecedores de un trato especial. En este caso, aunque tanto el médico como la enfermera violaron  el toque de queda, la detención no ameritaba encerrarlos en una prisión como si fueran delincuentes. Cometieron una falta, que no era grave, por lo tanto lo que procedía más bien era una detención precautoria, llevándolos a la oficina de la policía hasta que terminara el horario del toque de queda e iniciara la hora hábil de circulación del nuevo día.

Como si ese error fuera poca cosa, la falla garrafal que provino de algún nivel superior de la policía al ordenar la movilización de la pequeña cúpula de la posta a otro lugar, hace ver ante la opinión pública que hay un interés de encubrir a elementos de la estación, mientras el Ministerio Público entraba al terreno del hecho y la unidad especializada ATIC penetraba a la celda donde la joven enfermera Keyla Martínez se habría suicidado o habría sido muerta por algún elemento de la posta. La segunda cuestión que le pone ribetes de duda al hecho, es que los encargados de la posta aseguraron que la enfermera se habría suicidado, y que fue llevada a un hospital para que la asistieran, aunque cuando fue trasladada ya había fallecido.

Sumando ambas cuestiones en concreto se puede apreciar un manejo infortunado de un caso tan sencillo que solo ameritaba una simple detención precautoria por mientras transcurría el toque de queda, y hubiera bastado que los policías le dijeran al médico y a la enfermera que se les detenía más con el propósito de protegerlos y no de encarcelarlos. Sin embargo, como en estas situaciones prevalecen algunas circunstancias que escapan al conocimiento de todos los demás que no hayan presenciado el momento de la detención y del encarcelamiento, hay que suponer que pudo haber habido un altercado entre agentes y las dos personas detenidas que culminó con un desenlace trágico en todo sentido, porque no se justifica de ninguna la muerte de una persona en una celda de la policía que ha provocado una exacerbación colectiva por la forma como se ha destacado el hecho en los medios.

Por hechos como este, la percepción pública de nuevo pulveriza a la Policía Nacional, que justo es decirlo, venía trabajando por reconstruirse y mejorar su imagen como cuerpo policial que tiene como esencial objetivo salvaguardar la seguridad de las personas y sus bienes. El proceso de depuración queda seriamente afectado, no obstante que el mismo debe proseguirse porque la necesidad de seguridad ciudadana de toda la nación es muy superior a un solo acontecimiento por muy lamentable que este sea. La policía deberá pagar una factura muy costosa, porque queda el mal sabor de que todavía hay muchos elementos en sus filas que no miden el uso de la fuerza de sus actos represivos que los pueden llevar a convertirse en malhechores en lugar de ser agentes del orden público. Un lunar que no es exclusivo de la policía hondureña, que sucede en las mejores policías del mundo, como se vio recientemente en EEUU cuando un agente policial al excederse en el uso de la fuerza mató por asfixia a un ciudadano de la raza negra.

Ahora bien, el escándalo del caso se magnificó por la torpeza de ordenar desde un nivel superior el traslado inmediato de la cúpula de la posta policial de La Esperanza a otro lugar, alimentando la percepción morbosa de que se crea que con el traslado se buscaba proteger a los supuestamente responsables de apañar un acto delictivo al decir que la joven Keyla Martínez se había suicidado. Errores garrafales como este solo terminan de alimentar la hoguera del descontento que se mantiene en la población de La Esperanza. Esa mala decisión era como para dulcificar el espíritu de rebelión y sedición que enarbolan como bandera de lucha muchos compatriotas, que unas veces con derecho y otras veces sin él, creen que están facultados para hacer justicia por sus propias manos.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 10 de febrero de 2021.

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