En defensa de la ley

agosto 5, 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La democracia es el modelo para vivir en libertad, por el contrario, todo país que es regido por poderes autoritarios vive en un sistema donde la norma es la negación de los derechos de las personas. Las decisiones del Poder Judicial en los casos que últimamente se han ventilado conforme el debido proceso, corresponden al clima democrático que prevalece en Honduras, más sin embargo, como la generalidad de nuestro pueblo desconoce los asuntos del Derecho, a veces no logra interpretar las noticias que con gran despliegue se publican en los periódicos y otros medios, donde los casos más ventilados tienen un despliegue fuera de lo común. Entre los reporteros no todos tienen formación jurídica, porque en las Escuelas de Periodismo de las universidades han cursado nociones que son conocimientos preliminares del Derecho, por lo que algunos no alcanzan a interpretar el fondo del desarrollo de los procesos judiciales.



Hay dos casos que parecieran poner los pelos de punta cuando los voceros de los tribunales anuncian las resoluciones de los magistrados; el primero es el de la ciudadana Rosa Elena de Lobo, que habiendo permanecido dos años y ocho meses guardando prisión preventiva, recibió el beneficio de defenderse en libertad, en la continuación del proceso que le fue incoado por el Ministerio Público. Sorprendió la reacción de algunos fiscales cuando lamentaron esta resolución que estuvo apegada a Derecho, dando la impresión que desconocen el alcance del debido proceso.

En el transcurso de los dos años ocho meses, los abogados de Rosa Elena de Lobo intentaron desde un principio que a ella se le permitiera defenderse en libertad, más los jueces apegándose a la ley, observaron el tiempo establecido que es un período precautorio en el que el procesado es mantenido en condición de privado de libertad. Pasado ese tiempo, la persona, en forma automática, es beneficiada por la ley para continuar enfrentando el proceso defendiéndose en libertad. Por lo tanto, no ha habido ningún privilegio para Rosa Elena de Lobo, ella hasta hoy solo ha sido beneficiada con la presunción de inocencia, hasta que un tribunal sea el que, una vez concluidas las etapas del proceso, resuelva si es inocente o culpable de los cargos que le ha imputado el Ministerio Público.

Los medios informativos debemos respetar el desarrollo de los procesos, porque con el impacto que generamos con nuestros reportajes, opiniones y coberturas, aunque no sea lo suficiente para modificar la opinión de los jueces y magistrados, incidimos en la opinión pública de la nación creando a veces de manera infundada una idea en la población de una mala aplicación de la ley, especialmente en los casos más sonados donde se presume que ha habido corrupción. En estas condiciones resulta más lacerante la vulneración de la presunción de inocencia que es la gran conquista del Estado de Derecho, que en los últimos tiempos ha sufrido en Honduras un grave deterioro por la acechanza de organizaciones de sociedad civil como el CNA, que ha llegado a reclamar que el Congreso Nacional le incluya entre los operadores de justicia para tener las mismas facultades de acusar que solamente le corresponden al Ministerio Público.

Esto desde luego es un esperpento porque de manera absoluta no se pueden repartir las facultades de investigar y acusar, que son inherentes a los organismos constitucionales, las organizaciones de sociedad civil solo pueden desempeñar un papel coadyuvante, pero no vinculante, porque si eso llegara a pasar algún día, lo que habría en Honduras no sería un régimen de Derecho, sino un desorden público donde los fiscales estarían sometidos a los intereses políticos sectarios que se cuelan en estas organizaciones de sociedad civil donde el concepto de Derecho es sustituido por el interés político. Hay que saber diferenciar que una cosa es el orden jurídico que compete establecer y proteger a los organismos institucionales, y otra muy distinta es el interés apasionado de las organizaciones de sociedad civil donde se mezclan los intereses más complejos de los sectores políticos.

En el otro caso, el denominado ‘Pandora’, donde varias personas imputadas de percibir recursos públicos de cierto ministerio para cubrir actividades políticas, fueron sobreseídas, el meollo de la cuestión es que, si varios de los imputados nunca tocaron el dinero que se dice fue obtenido de la Secretaría de Agricultura, sino que fue entregado directamente para cancelar obligaciones bancarias contraídas por los partidos políticos para sufragar gastos provocados en la campaña electoral, los magistrados con su exclusiva competencia resolvieron que no hay responsabilidades particulares en los imputados, al no haber sido beneficiados estas personas con esos recursos.

Los partidos políticos son instituciones de derecho público, son los que sostienen la democracia, y aunque perciben fondos del Presupuesto de la República para financiar la participación electoral de los hondureños mediante la cuota que se entrega a los partidos según sea la respuesta electoral en las urnas, tradicionalmente han sido beneficiados con recursos que capitalizan de las diversas secretarías o ministerios que les corresponde administrar al integrar el gobierno, que no es una manera muy ortodoxa de capitalizarse y que debería de desaparecer para siempre para evitar la suspicacia.

Pero si revisamos la historia de la vida institucional, todos los partidos han acudido a ese recurso de capitalizarse en campañas con las transferencias de los ministerios que administran. Y si no, los de la sociedad civil y los de la oposición, pueden satisfacer sus inquietudes preguntándole al ex presidente Manuel Zelaya porque no presentó el Presupuesto General en el 2008 y 2009, habiendo manejado durante dos años todo el dinero de la República como si hubiera sido su hacienda personal. Allí obtendrán la mayor respuesta para satisfacer la inquietud y entender porque los magistrados sobreseyeron a los imputados en el ‘Caso Pandora’.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 5 de agosto 2020.

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