El irrespeto y el Derecho Penal

noviembre 5, 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Ningún teórico de Derecho Penal puede recomendar en un país la receta que se practica en otro país para castigar determinados delitos, porque cada país es un escenario diferente, atendiendo el nivel educativo de su población y las condiciones sociales y económicas que prevalecen, que son distintas entre los países. Cualquier opinión de funcionario internacional que recomiende recetas de otro país en materia de penalización y castigos para delitos de graves consecuencias como la difamación, la injuria y la calumnia, si no toma en consideración lo anterior, comete un error que no podemos aceptar ni siquiera como sugerencia, porque todo mal que se nos endilgue como tabla de salvación para los hondureños, es inaceptable y merece el inmediato rechazo.



La existencia de valores fundamentales que garanticen la convivencia en sociedad, solo es posible cuando hay una tabla que establece los límites para que las personas se respeten sus derechos; la no existencia de esa delimitación con lleva a la anarquía, al irrespeto y a las guerras. Garantizar las conductas de los individuos ha sido una preocupación a lo largo de la historia de la humanidad. Y cuando las personas vieron que había que reglamentar estas conductas para garantizar la convivencia humana es que surgieron las normas jurídicas y las normas morales. Las jurídicas son las leyes civiles y penales, que se aplican para que los individuos sepan a qué atenerse si transgreden los límites en que irrespeten a los demás.

Cuando las normas civiles no garantizaron la conducta de las personas, los tratadistas y los legisladores crearon el Derecho Penal, para aquellos casos en que las normas civiles no bastaron para contener la agresividad humana. El Derecho Penal no se hizo para castigar el descontento popular o el irrespeto a las autoridades, esto se castiga con las leyes de orden civil. Cuando aumentaron los hechos criminales con delitos graves que deterioraron la convivencia en sociedad, surgió el Derecho Penal.

Queremos aclararle al público y a todas las personas que pertenecen a las esferas de opinión pública, que no estamos en contra de la libertad de expresión, o en favor de que este grandioso derecho sea coartado. Por el contrario, estamos preocupados que por la mala interpretación de un sector de opinión pública, que cree que penalizar la infamia, la difamación y la calumnia es un atentado a la libertad de expresión, presiona al Soberano Congreso Nacional para que despenalice tales delitos, y contribuya a que la nación hondureña caiga en un retroceso tal, cuando el vilipendio entre las personas era lo más normal, y hacía que la gente terminara matándose entre amigos y entre familias; ¿cuántos muertos hubo por la necedad de injuriar y difamar a otro? y todo terminaba en enfrentamientos mortales.

Para frenar el irrespeto entre las personas en la sociedad surgieron las normas penales, no solo para castigar los hechos criminales producidos por armas de fuego o armas blancas, que son  los crímenes emblemáticos. En la sociedad hacen tanto daño las armas blancas y las armas de fuego como las lenguas descontroladas de las personas que cometen las infracciones que parecieran no ser tan letales como las injurias, las calumnias y las difamaciones, pero los efectos de estos delitos son aniquiladores, cuando los individuos los cometen en forma compulsiva desde los medios de comunicación, con todo el factor multiplicador que resulta devastador cuando se trata de una infamia, de una injuria o una calumnia.

Los abruptos, los epítetos malintencionados, las ofensas sin fundamento y los ataques personales, tienen tanto efecto como las balas y las cuchilladas, especialmente cuando quien las recibe es una persona indefensa, porque no tiene un medio con qué defenderse y tampoco el carácter para situarse en el nivel del injuriador, difamador o calumniador. Es aquí donde el código penal no puede estar ayuno de una pena para castigar semejantes delitos. Esto no tiene que ver con los ciudadanos que ejercen el periodismo o trabajan en los medios de comunicación observando una conducta responsable, criticando  con fundamento, señalando las errores sin insultar, sosteniendo su criterio sin necesidad de difamar, o injuriar o calumniar.

Los que habitamos la esfera de opinión pública observando el respeto a la ley, que nos obliga a hacer nuestro trabajo de manera respetuosa sin incurrir en los delitos mencionados, nos sentimos protegidos por la ley, porque para nosotros no representa  ninguna amenaza, pero es un muro de contención para los que en el oficio de comunicadores, convierten la lengua en un artefacto vitriólico, lleno de veneno, que se hace sentir con toda la ponzoña en las personas que son víctimas de sus ataques injuriosos, llenos de infamia y de calumnia.

Estamos en defensa de la sensatez y el respeto que los periodistas y ciudadanos en general estamos obligados a guardarle a todas las personas y a la sociedad en general, por eso es que asumimos nuestra posición de respaldo para que la infamia, la difamación y la injuria no sean despenalizados. Porque si así lo hicieran los honorables diputados del Soberano Congreso Nacional, condenarían a Honduras a que sea muy pronto el reinado de la putrefacción social.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 5 de noviembre de 2019.