El dique no está roto

abril 12, 2019

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Las cosas no son tan fáciles como antes cuando una persona viajaba de un país a otro, con las circunstancias que prevalecen, las medidas de regulación que establecen los gobiernos hace que muchas personas se molesten cuando no se les permite el ingreso de una manera expedita a un país, pero hay medidas que deben ser respetadas porque cada gobierno, conforme sus leyes, establece limitaciones y a las personas no les queda más que cumplirlas. No en una sino en varias ocasiones, los diferentes gobiernos han hecho uso de las facultades de que les inviste la ley para denegar o condicionar el ingreso a distintas personas, lo cual es un derecho que les asiste.



Ayer, cuando intentó ingresar a Honduras la señora Thelma Aldana, ex Fiscal General de Guatemala, las autoridades de migración le leyeron ciertas condicionantes que las leyes estipulan para aquellas personas que están sindicadas de cometer delitos en su país, lo cual implica una vigilancia y advertencia que las autoridades no le pueden brindar protección si en determinado momento amerita colaborar con las autoridades guatemaltecas, en referencia a su situación legal. Esto sin duda no le pareció a la señora Thelma Aldana que prefirió regresarse a El Salvador, donde goza de algunas consideraciones de parte de autoridades salvadoreñas.

Ahora bien, el caso de la señora Thelma Aldana no debe ser visto como algo excepcional, porque ella en su caso especial de tener orden de captura en su país por actos de corrupción, cometidos mientras se desempeñó como Fiscal General, debe comprender mejor que nadie que las leyes de un país no establecen tratos preferenciales para nadie. Es incorrecto imputar un mal trato a las autoridades hondureñas porque estas solo cumplieron con su obligación, la señora Aldana fue una de las principales operadoras de justicia en su país, sabe que la ley es una especie de dique, un muro de contención, y cuando este se rompe por otorgar tratos preferenciales sobreviene el desgarre del tejido jurídico y surge el fenómeno de la impunidad.

En Honduras el dique no está roto, las autoridades aplican las leyes y aunque algunas veces la ciudadanía se queja porque las normas no se aplican correctamente, no menos cierto es que por deber, funa autoridad está en la ineludible obligación de aplicar la ley, y en caso de faltar a ese deber, los funcionarios se exponen a rendir cuentas por caer en el campo de la irresponsabilidad, que es castigada por las leyes.

Es incorrecto hacer causa común con el irrespeto a la ley, reprender a las autoridades porque cumplen con su deber no corresponde a un ciudadano responsable, porque aunque determinada persona nos caiga bien, o porque congeniemos con el trabajo que hace esa persona de otro país, pero si tiene llamamientos legales en su país de origen, por imputárseles actos de corrupción o cualquier otra falta cometida, las autoridades están obligadas a tomar las medidas que conciernen al hacer el correspondiente registro migratorio. No es lo mismo registrar el ingreso de un ciudadano que tiene limpio su expediente, que el de una persona que, en este caso, habiendo desempeñado una función de alto nivel en el campo de la operación de la justicia en Guatemala, tiene orden de captura por acciones ilícitas cometidas. Esto último es algo que compete a las autoridades guatemaltecas, pero en el ámbito de la persecución del delito, hoy en día, las autoridades de los diferentes países libran información de casos determinados a sus similares de los demás países, sobre todo cuando en el marco de los convenios internacionales procede hacer la alerta a la Interpol, que es el cuerpo policía regional para que ejecute la orden emitida en la sentencia  de un tribunal. Contra doña Thelma Aldana todavía no existe esa alerta a la Interpol, pero estando ella en una situación delicada frente a las autoridades de su país, las autoridades hondureñas estaban en la obligación de proceder con el protocolo establecido sin perjuicio de afectar el derecho de la señora Aldana, que era el de ingresar a Honduras bajo las condiciones legales que compete por su actual situación en su país.

Así como no se debe conminar a las autoridades a que den trato preferencial a ciudadanos hondureños que tienen pendiente, ajustes de cuentas con la justicia, tampoco procede que pidamos quebrantar la voluntad de aplicar la ley cuando se trate de personas extranjeras que se rehúsan someterse a las leyes de su país, una vez que se les ha descubierto actos irregulares graves cometidos mientras desempeñaban funciones como operadores de justicia en Guatemala, al negarse a comparecer a los tribunales de su país donde hay orden captura por varios actos de corrupción que se le investigaron.

Su deber es entregarse a la ley de su país, defenderse y demostrar su inocencia. Huir del brazo de la justicia guatemalteca la pone en igual condición de todos los ex funcionarios que en su momento ella persiguió desde su cargo de Fiscal General. Ahora es ella la que huye de la justicia que un día representó desde su alto cargo. Por lo tanto, su caso no es el de una persona común. Eso debe ser tomado en cuenta por todos los que han puesto el grito en el cielo porque las autoridades hondureños actuaron conforme les exige la ley de nuestro país.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy viernes 12 de abril de 2019.