El CNA denuncia ante el MP nombramiento inconstitucional de actuales procuradores de la República

enero 17, 2023

Tegucigalpa, Honduras. 

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), denunció ante las autoridades del Ministerio Público (MP), el nombramiento inconstitucional de loa actuales procuradores de la república Manuel Antonio Díaz Gáleas y Tomás Emilio Andrade Rodas, quienes incurren en un tipo penal al no reunir los requisitos exigidos en la Constitución.



Mediante una nota de prensa el CNA reiteró que presentó su denuncia ante el MP por violentar la normativa constitucional en su nombramiento.

Además de que el procurador y subprocurador general fueron señalados por el delito de anticipación de las funciones públicas que impone una inhabilitación especial de uno a tres años más la multa de 100 a 300 días.

Los dos funcionarios no se encuentran registrados con número de exequatur otorgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además, ambos no están registrados en la Controlaría del Notariado.

LEA A CONTINUACIÓN LA NOTA DE PRENSA:

Tegucigalpa, D. C., 17 de enero de 2023.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
presentó hoy una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el procurador general
de la república, Manuel Antonio Díaz Gáleas, y el subprocurador, Tomás Emilio Andrade
Rodas, por violentar la normativa constitucional en su nombramiento.

En el informe: «Defensores del Estado y su falsa promesa de ley», el CNA detalla
cómo una de las primeras acciones del actual Congreso Nacional incumple lo que
establece el artículo 229 de la Constitución de la República, en relación con los requisitos
para ocupar la titularidad de la Procuraduría General de la República, en un claro ejemplo
de inobservancia al principio de legalidad y debido proceso.

El 2 de febrero de 2022, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre),
Rafael Sarmiento, presentó la moción legislativa para el nombramiento de los dos
funcionarios, que se aprobó en horas de la madrugada del 3 de febrero y se publicó en el
diario oficial La Gaceta el día 8 de ese mes.

Considerando los antecedentes, el CNA sustenta la acusación en lo que establece
el artículo 500 del Código Penal, al cometer acciones de «anticipación, prolongación y
abandono de funciones públicas», en la que incurren los funcionarios de la PGR y quienes los propusieron en el cargo.

Sin embargo, en el caso de las y los diputados, no pueden ser acusados, ya que se
blindaron con la aprobación del Decreto n.* 117-2019 de la Ley Orgánica del Congreso
Nacional, que establece no incurren en responsabilidad penal, civil o administrativa en el
ejercicio de sus funciones.

Dicha normativa sanciona a quien a sabiendas que no cumple con los requisitos
establecidos en la ley, comiencen a ejercer un empleo o cargo público. En este caso, para
ambos funcionarios se requiere la condición de ser notarios, misma que no poseen.

El CNA emprende esta acción a pocos días de la elección de la nueva Corte
Suprema de Justicia (CSJ), para que las acciones de las diputadas y diputados se guíen
bajo la máxima del respeto a la Constitución de la República y en cumplimiento con los requisitos de idoneidad establecidos por la ley.

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