Desinformación penal

agosto 15, 2017

EDITORIAL

La desinformación originada por el cruce de declaraciones sobre el debate de las penas establecidas en la nueva codificación penal se justifica por encontrarnos en plena temporada electoral donde las discusiones de los asuntos delicados que forman parte de los procesos normativos parlamentarios entran en el manoseo político convertido en tema de campaña. No debería ser así, pero la necesidad de agenciarse votos hace que ciertos diputados se desenfrenen y lleven al patio de la morbosidad un tema tan serio como el que está en debate.



En efecto, el Congreso Nacional está inmerso en estas sesiones en la parte que corresponde al fundamento de la medición de la pena, que es un aspecto que tiene que ver más con el trabajo del juez,  quien es el que determina las consecuencias jurídicas de un delito, según la clase, gravedad, y forma de ejecución del delito cometido. Las reformas están transformando nuestro viejo Código Penal, basado en el sistema clásico de las penas rígidas y que ahora pasa al nuevo sistema de penas alternativas. Estas son las teorías modernas del Código Penal que hablan de la medición de la pena, y las cuales aprendimos en la clase de Derecho Penal con el Dr. René Suazo Lagos, especialista en esta rama del Derecho, graduado en una de las mejores escuelas de Alemania.

Hasta ahora, nuestro Código Penal contemplaba las penas rígidas, por ejemplo el artículo 370 penaliza la malversación de caudales públicos con reclusión de 2 a 5 años, pero dependiendo de la cuantía de lo malversado contempla una pena agravante que va de los 6 a los doce años. La nueva versión del Código Penal la malversación tiene una pena de 4 a 6 años, pero como el Derecho Penal ha evolucionado en función de la evolución de las acciones delictivas, ahora se agregaron tres agravantes para el delito de la malversación de caudales públicos, establecidas así: prisión de 6 a 9 años cuando la malversación supera los cien mil lempiras, prisión de hasta 12 años cuando se malversan bienes de valor histórico, bienes afectos a servicios públicos de primera necesidad, de salud o instituciones de previsión social. La pena puede llegar a 10 años de prisión cuando lo malversado pasa de los 500 mil lempiras, pero si además afecta la salud o instituciones de previsión social, la pena puede ser de 13 años y medio de prisión.

Otro caso notable está en el artículo 371 del código penal vigente que regula la llamada malversación imprudente, que no tiene ninguna penalización con prisión, solo establece multa e inhabilitación para el responsable, en cambio en la nueva codificación penal se establece prisión de hasta tres años. En el artículo 372 del Código Penal vigente la malversación está penada con prisión de 3 a 5 años, en la nueva codificación la prisión es de 4 a 6 años.

Como se puede apreciar, el tratamiento de la determinación judicial de la pena está basado en la individualización legal de la pena, conforme corresponde a la parte administrativa, que es la tarea  más difícil que tiene un juez al momento de imponer la condena, o sea, cuando el magistrado debe interpretar el pensamiento del legislador al sancionar la norma punitiva, para dar una sanción justa al momento de individualizar la pena. Esta es la parte del proceso donde el juez no puede olvidar los fines de la pena, en doctrina penal aprendimos que fue Kant quien sostuvo que el sentido de la pena es la retribución de la culpabilidad. Según esa teoría, la imposición de un castigo no se justifica si no hay una utilidad social, si bien la sanción se impone contra el delincuente por haber quebrantado una norma, uno de sus fines es corregir las desviaciones sociales que afectan la convivencia en sociedad.

Al ir evolucionando el delito también la codificación penal amerita evolucionar, y es así como surge la teoría de la proporcionalidad que corresponde al aspecto de la medición de la pena, y que es lo que ha estado debatiendo el pleno de la cámara, ajustando las penas, que en realidad no se están reduciendo sino ajustando a las nuevas teorías del Derecho Penal. Un debate que ha sido conducido con la seriedad del caso por el diputado presidente de la Cámara, Mauricio Oliva.

Estudiando bien las modificaciones no hay reducción de las penas aplicadas al delito de malversación de caudales públicos, se está recurriendo al derecho penal alemán para establecer penas justas y necesarias, porque hasta la culpabilidad tiene un límite, y el deber del  legislador es crear normas justas para que el juez imparte una verdadera justicia.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 15 de agosto de 2017.

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