Congreso aprobó Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus

marzo 15, 2020

La ley presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional no implica el aumento del presupuesto del año 2020, sino un reajuste del mismo.

Tegucigalpa, Honduras

Por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus, que permitirá implementar acciones como el aumento del presupuesto de salud y dinamizar la economía para contrarrestar los efectos mundiales de la pandemia de esa enfermedad.



La nueva ley, además de fortalecer el sector salud, busca dinamizar la economía y generar empleo, dijo el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, tras exponer la iniciativa ante el pleno del Congreso Nacional, que posteriormente la aprobó.

Explicó Díaz que el COVID-19 está produciendo a nivel del planeta algo que no se había visto, «efectos en los mercados más grandes del mundo», y puso como ejemplo que «en Honduras le cancelaron más del 90 por ciento de los contratos a los tour operadores».

Refirió que eso implica que mucha gente no tendrá trabajo en los próximos meses, y «es un problema devastador, porque mucha gente que trabaja con el turismo no lo podrá hacer debido al coronavirus».

El funcionario también reveló que hasta ahora se han cancelado más del 65 por ciento de reservas de hotel para el feriado de Semana Santa, «y esto solo es hablando de un sector, y si empezamos a revisar el resto de Honduras» también se encontrarán problemas.

Dijo que hay temas vitales como la seguridad alimentaria y varios rubros que están siendo afectados, razón por cual las previsiones de crecimiento económico que se tenían para 2020 se verán afectadas de manera significativa.

Explicó que se llevó un primer paquete de medidas, pero adelantó que se trabajará en otro tipo de complementos que permitan que el país no sufra las inclemencias del coronavirus a nivel de economía y otros aspectos vitales.

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Red Integral Pública de Salud

Díaz informó que la primera gran medida pasa por implementar la Red Integral Pública de Servicios de Salud, que implica una inversión de 420 millones de dólares, es decir 10.500 millones de lempiras, «y es presupuesto que ya tenemos, no es que se busca o queremos que lo aprueben, sino que es presupuesto que ya se cuenta con él».

Afirmó Díaz que eso representa 94 centros de atención de salud en todo el país, desde unidades básicas, entre ellos 11 hospitales, incluidos el Hospital Oncológico y el Hospital del Trauma, además de hospitales especializados.

A la par de atender el problema de salud, se dinamizará la economía al generar empleo construyendo la infraestructura y se habla de no menos de 100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, indicó.

Según Díaz, no se puede ver solo la problemática actual, sino que «tenemos que prepararnos para futuras contingencias sanitarias y por eso necesitamos hacer una inversión importante».

Se contempla la contratación de 10.000 empleados en el área de salud, donde además de personal administrativo se empleará a enfermeras, médicos, y especialistas, buscando garantizar el servicio de salud para el pueblo hondureño, añadió.

Igual que se incluya el sistema de gobierno electrónico para transparentar y reducir los gastos, para evitar aumentar la carga o incrementar el presupuesto; tiene que haber un ahorro, y ya para eso se habla de la implementación de plataformas electrónicas.

Díaz expresó que se solicitará que actúen como veedores, para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, la Iniciativa de Transparencia en el Sector de Infraestructura Pública (CoST), el Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Agregó que se incluyen medidas importantes en favor de los sectores productivos para que puedan readecuar sus deudas y se hará a través de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), buscando que haya créditos más factibles.

El ministro de la Presidencia indicó que por medio del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende) se dará preferencia a la micro, pequeña y mediana empresa para que haga contratos con las municipalidades y esas firmas les puedan servir de garantía en el sistema financiero.

Otro artículo de la nueva ley comprende que las maquilas puedan donar y vender en el país, sin pagar impuestos, pero también que el 15 % de impuestos del consumidor final quede para la baja del precio de los insumos, entre otras medidas, señaló Díaz.

No implica aumento de presupuesto

La ley presentada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional no implica el aumento del presupuesto del año 2020, sino un reajuste del mismo. Esta ley tampoco implica la creación de nuevos impuestos o el aumento de los ya existentes, manifestó el funcionario.

Enfatizó que la inversión tiene dos efectos importantes: por un lado, fortalecer en gran medida el sistema sanitario del país y, por otro, dinamizar la economía, misma que se verá afectada por la creciente amenaza de recesión global, es decir, una desaceleración económica o de producción que trae como consecuencia la caída del Producto Interno Bruto (PIB).

El ministro Díaz aseguró que es necesario tomar medidas económicas puntuales para hacerle frente a las repercusiones que tendrá el coronavirus a nivel mundial.

«Estamos afrontando un escenario de desaceleración económica; hay países cerrados, economías cerradas, todo eso lo estamos viendo, y es algo que más temprano que tarde pegará en Honduras», advirtió.

Apoyo al sector productivo

Otro de los puntos fuertes de la ley implica la habilitación a Banhprovi para que pueda tomar las medidas necesarias que garanticen el financiamiento mediante productos y servicios financieros y otras estrategias que redunden en facilitar el acceso a los sectores productivos.

Además, que el Banco Central de Honduras (BCH) pueda refinanciar y readecuar deudas a sectores productivos, tales como Mipyme, agropecuario, forestal y otros de generación de empleo y divisas para el país.

De igual forma, se aprobó que los empleados de cualquier entidad pública o privada pueden desarrollar sus labores total o parcialmente a distancia, desde su local de trabajo y empleando las tecnologías de la información y la comunicación.