Conadeh contabiliza muerte de 64 abogados en gobierno de Lobo

julio 25, 2013



El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) condenó  la muerte violenta de la jueza de sentencia de El Progreso, Mireya Mendoza a  manos de personas desconocidas.

Al respecto, el titular Juan Ramón Custodio, urgió a las autoridades competentes la debida investigación y que se aplique todo el peso de la ley a los responsables de tan abominable crimen.

Este hecho violento, dijo Custodio, sólo refleja la situación general de inseguridad que se vive en el país,  de la cual no están a salvo ni las mismas autoridades.

La profesional del Derecho se conducía a bordo de una camioneta cuando fue  atacada a tiros por personas en motocicleta en la ciudad de El Progreso, Yoro.

De acuerdo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos con la muerte de Mireya Mendoza suman 64  los profesionales del derecho que perdieron la vida en circunstancias violentas en lo que va de la presente administración del Presidente Porfirio Lobo (enero 2010- julio 2013)

El ombudsman hondureño lamentó que en Honduras, tanto el ejercicio del Derecho como el de  periodistas y la ocupación de taxistas, conductores de buses y guardias de seguridad, se hayan convertido, en los últimos años, en trabajos de alto riesgo para quienes la ejercen.

Durante el gobierno de Lobo al menos, diez departamentos del país se han convertido en los sitios más inseguros para el ejercicio del Derecho en Honduras, al registrar numerosos asesinatos, amenazas e intimidaciones. 

En esta radiografía de la inseguridad que viven los profesionales del derecho, figuran entre los departamentos más peligrosos,  Francisco Morazán que registró la muerte de 28 abogados  seguido por Cortés con 15,  luego aparecen  6 en Yoro,  4 en Atlántida, 4 en Colón ,  3 en  Olancho, 1 en Copán, 1 en  Comayagua, 1 en  El Paraíso y 1 en Choluteca. 

De acuerdo al CONADEH, entre  las víctimas figuran fiscales del Ministerio Público, jueces de sentencia, así como  asesores legales de sindicatos,  instituciones bancarias, de instituciones del Estado, de empresas agro industriales, organizaciones campesinas, especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras.

Registros del ente estatal de derechos humanos establecen que en el 2010 murieron 16 profesionales del Derecho, un año después la cifra se incrementó a 38, en el 2012  perdieron la vida 15 y en lo que va del 2013 han muerto 11, para totalizar 64 abogados muertos en circunstancias violentas.