Cohep califica de «improcedente» el pago de prestaciones a los empleados de confianza del Gobierno

enero 13, 2022

Tegucigalpa, Honduras

Representantes de la asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), dieron a conocer por medio de un análisis jurídico como improcedente el pago de prestaciones a los empleados de confianza del Gobierno, identificados como del «servicio excluido» de la Ley de Servicio Civil.



El documento señala que el Congreso Nacional violentó la Ley Orgánica del Presupuesto, que la reforma o disposición «ha sido una mala práctica», «una acción inconstitucional» y un exceso en sus atribuciones».

El departamento de Asesoría Legal del Cohep, dirigido por Gustavo Solórzano, hizo un análisis sobre la legalidad y aplicabilidad del artículo 129 del Decreto 107-2021: “A los servidores de la administración central que han laborado de forma consecutiva para el Estado se les concederá indemnización conforme al beneficio que se les otorga a los empleados regidos en la Ley de Servicio Civil este beneficio también aplicará a aquellos servidores públicos que desempeñen cargos de servicio excluido”.

Como ya se ha determinado, la disposición que crea la norma que contraria lo establecido en la Ley del Servicio Civil, está contenida en una norma de carácter transitorio, como ser las Disposiciones Generales del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, normativa que jerárquicamente debe de estar sujeta a lo establecido en normas de carácter general y de vigencia indefinida como ser la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley del Servicio Civil, no pudiendo alterar el alcance de estas normas para un determinado ejercicio fiscal, expone el Cohep.

“En caso de estudio estaríamos concluyendo que el Congreso Nacional, ha violentado lo establecido en la Constitución de la República en cuanto a lo establecido en los artículos 361 al 372 que, regulan lo correspondiente al manejo de los ingresos y egresos de la República el cual debe de ser aprobado en forma anual y sujetarse a las normas administrativas exigentes a efecto de no comprometer los ingresos del Estado.

“Por tanto es procedente la interposición de la acción de inconstitucionalidad en contra de la disposición contenida en el artículo 129 del Decreto 107-202”. señaló el equipo del departamento legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.

 

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