Asonada en el Congreso Nacional

junio 24, 2020

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En medio de la situación difícil que está atravesando el país, los ciudadanos pensaríamos que los diputados del Congreso Nacional, igual que lo están haciendo una gran mayoría de los hondureños, deberían estar ocupados en tareas que tiendan a mejorar las condiciones desfavorables en las que se debaten miles de hondureños afectados por la pandemia, pero cuando la representación de una parte de la población queda en manos de personas trasnochadas, no es extraño que en algunos diputados con mente calenturienta, individuos que caminan con la idea de obtener objetivos políticos por la fuerza, les surja la idea trasnochada de tomar decisiones sin contar con la anuencia del pleno del Poder Legislativo que por ley solo puede ser convocado por el Presidente del Congreso Nacional, que es un diputado legalmente electo.



En las últimas horas circuló el rumor que un número de diputados, fuera de todo alcance legal y actuando con un sentido punitivo, han querido reemplazar al pleno de la cámara para tomar decisiones por su cuenta, respecto a extender el período de vigencia del Código Penal que será reemplazado por el nuevo Código Penal a partir de la fecha. El razonamiento antojadizo es que, el Presidente del Congreso no ha querido aceptar una nueva extensión de la ‘vacatio legis’, para alargar la vigencia del actual Código Penal, sobre lo que se ha orquestado una campaña por parte de sectores interesados que rechazan la idea que un delito como el contrabando sea penalizado en Honduras. La reunión de diputados convocada por la vía virtual por el diputado Luis Redondo, uno de los lugartenientes de Salvador Nasralla, constituye conforme a Derecho una asonada, puesto que el propósito es alterar el orden público para conseguir un fin eminentemente político de manera ilegal.

Legalmente este movimiento de diputados liderados por Luis Redondo, que lamentablemente secundan diputados de trayectoria pero que tienen una ambición desmedida de poder, es una rebelión, un alzamiento o una sedición desde cualquier punto que se le mire.

El debate sobre el nuevo Código Penal, del que han participado todos los sectores, ha sido amplio, de manera que no se puede argumentar que la presidencia del parlamento hondureño lo ha mantenido en la sombra, o bajo el sobaco, porque ha estado en debate tras debate a la luz del día, con profesionales del Derecho, estudiantes de la carrera, y en la misma cámara. Los debates transcurrieron y agotaron los tiempos contemplados en el proceso normativo, pero al tenor de una campaña orquestada por sectores del ámbito privado que le tienen pavor a que se penalice el contrabando, un delito que le ha hecho tanto daño a la economía por largos años, se han sumado con particulares fines políticos diputados de la oposición que extrañamente se montaron en este carro, porque su finalidad es mantenerse en una actitud festinada de hacer oposición.

El objetivo de este movimiento diputadil es una asonada que conlleva a un alzamiento, lo que es penalizado como delito contra el orden público, porque aunque su propósito está limitado a oponerse a la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, todo ciudadano que se alza de manera pública para impedir fuera de la vía legal la promulgación o la ejecución de las leyes comete un delito que es castigado con penas de reclusión mayor, no obstante que quienes lo cometan sean diputados del Congreso Nacional. Impedir el cumplimiento final del proceso normativo del nuevo Código Penal es un acto de sedición por parte de estos diputados que obliga a la intervención del Ministerio Público para abrir la investigación en primer lugar, y posteriormente encausar ante los tribunales a los diputados que mediante una acción trasnochada tratan de suplantar al pleno del parlamento, que por ley solo puede ser convocado por el Presidente de la Cámara.

Este es un acto de sedición no militar que la jurisprudencia tipifica como falta grave contra el orden público, puesto que los diputados sediciosos lo que se proponen es evitar que entre en aplicación un nuevo estamento penal que ha sido ampliamente debatido con todos los sectores de la sociedad, en amplias discusiones que han servido para tomar en cuenta una gran cantidad de observaciones que se le han incorporado en el curso del proceso normativo.

El líder de este movimiento diputadil sedicioso, diputado Luis Redondo, se caracteriza por sus posiciones a ultranza, por lo que sus intenciones de detener la entrada en vigencia del nuevo Código Penal extrañamente no es para combatir la corrupción, puesto que varias posiciones que han expresado diversas organizaciones de sociedad civil respecto a que el nuevo Código favorece a la impunidad están distantes de la verdad. Por el contrario, el nuevo Código Penal castiga un delito que por años le ha hecho mal a la economía nacional y al pueblo hondureño, como es el contrabando, que ha sido practicado en varias escalas, por parte de personas que se han enriquecido y a gracias a él han formado sus imperios.

Honduras ha sido una de las mecas del contrabando, debido a que la ley no lo había contemplado como un delito grave en sus estamentos penales, dando lugar a una permisividad que ha servido para que lo practiquen desde el pequeño contrabando de hormiga hasta los grandes contrabandos en gran escala que se realizan por tierra y por mar.

Al tener este movimiento de diputados la connotación de una asonada o sedición, el Ministerio Público está en la ineludible obligación de intervenir para investigar y encausar ante los tribunales de justicia a los diputados sediciosos que con esta acción practicada al margen de la ley delinquen y quedan en la mira de la justicia.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 24 de junio de 2020.