ASJ pide al TSC dar proceso a proceso a denuncia ciudadana contra Invest-H

agosto 27, 2020

Desde el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción vino la denuncia del 21 de julio ante el Tribunal Superior de Cuentas

Tegucigalpa, Honduras

La denuncia ciudadana presentada al Tribunal Superior de Cuentas lleva más de un mes sin dar curso. La querella es contra Invest-H por las más de 30 supuestas irregularidades encontradas en las auditorías sociales hechas a las compras de ventiladores pulmonares, kits de pruebas de Covid, equipo de bioseguridad y hospitales móviles.



La denuncia que la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) presentó mediante el Centro Asistencial Legal Anticorrupción (ALAC), también incluye la petición de que el magistrado José Juan Pineda Varela no participara en las acciones por posible conflicto de interés, ya que su hijo está casado con la hermana del exdirector de Invest-H, Marco Bográn.

Asimismo, ALAC demandó que las máximas autoridades procedieran a nombrar un equipo de auditores con capacidad técnica y experiencia comprobada para realizar las investigaciones del caso.

«Hasta ahora no hemos tenido respuesta del TSC, ante esta situación de silencio nos pronunciamos en diferentes términos», menciona un comunicado de la ASJ publicado este jueves.

«En caso de no tener la capacidad instalada se debe asignar los recursos presupuestarios necesarios para la asesoría experta y peritaje en la materia. No cabe la excusa que no hay presupuesto, cuando el TSC recibió 40 millones de lempiras para realizar auditorías especiales», indica la ASJ.

«El TSC debe cumplir la ley, caso contrario estaría provocando consecuencias lamentables y costosas para el país. Honduras ha ratificado tratados internacionales en materia de derechos humanos y combate a la corrupción, los cuales garantizan el acceso a la justicia y el debido proceso sin restricción o limitación alguna», agregan en otro apartado.

«Ante la falta de respuesta del TSC», enfatiza la ASJ, «nos veremos en el deber de promover acciones a nivel nacional e internacional como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones legales por omisión».

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