Armonía contra criminalidad

junio 12, 2013

Por FRANCISCO JAVIER MEJÍA

CENTROAMÉRICA PROTAGONIZA UN INTERESANTE PROCESO DE ARMONIZACIÓN DE LEYES PARA EL COMBATE EFECTIVO DEL CRIMEN ORGANIZADO.



• LA ARMONIZACIÓN ESTÁ DIRIGIDA HACIA LA COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES, SUPERANDO VIEJAS CONCEPCIONES DE SOBERANÍA NACIONAL, LAS QUE CON DEMASIADA FRECUENCIA SOLO SIGNIFICAN OFRECER AMPARO A LOS PEORES CRIMINALES.

• SE ESPERA GENERAR UNA PROPUESTA REGIONAL DE ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN PENAL SUSTANTIVA Y PROCESAL EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN CENTROAMÉRICA.

Centroamérica se une contra la amenaza del crimen organizado gracias a un proyecto de armonización legislativa cuyo último capítulo se discutió la semana que pasó en Tela, Atlántida.
La armonización de la legislación penal es un instrumento esencial en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica, donde las disparidades legales favorecen espacios de impunidad y dificultan extraordinariamente la cooperación internacional en la persecución de la delincuencia organizada, que es especialmente necesaria para desarticular este tipo de criminalidad.
Por esa razón, el Sistema de Integración Centroamericano SICA se preocupa desde hace algún tiempo por impulsar un proceso de acercamiento entre las legislaciones de los países centroamericanos para construir un entramado legal armonizado que mejore la eficacia de la lucha contra este flagelo.
La armonización está dirigida hacia la cooperación entre países, superando viejas concepciones de soberanía nacional, las que con demasiada frecuencia solo significan ofrecer amparo a los peores criminales.
También es necesario liberar a las legislaciones procesales de trámites innecesarios y obsoletos que hacen la justicia más lenta e ineficiente.
Adicionalmente es imprescindible contar con referentes penales sustantivos y procesales que estén presididos por la idea de un lenguaje sencillo, comprensible para los ciudadanos y que presente una mínima dificultad en su aplicación por los operadores de justicia.
El taller de Tela se ocupó de las órdenes de detención y los procedimientos de entrega así como sobre el Convenio de Cooperación reforzada en la lucha contra el Crimen Organizado entre los países del Sistema de Integración Centroamericano SICA y la República Dominicana.
La reunión fue patrocinada por la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Secretaría de Seguridad por parte de Honduras.
Mientras tanto, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a través del Fondo España-SICA, la Conferencia de Ministerio de Justicia de los Países Iberoamericanos COMJIB y la Secretaría General del SICA participaron como apoyo internacional.
En la cita estuvieron representantes de las Cortes Supremas de Justicia, Ministerios Públicos, Ministerios de Justicia, Gobernación y Seguridad, Consejo Nacional de la Judicatura de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Honduras, en su condición de miembros del Consorcio Interinstitucional del proyecto “Armonización de la Legislación Penal en la lucha contra el Crimen Organizado en Centroamérica y República Dominicana”.
El proyecto de armonización se inició en enero de dos mil once con un taller de alto nivel en el que las máximas autoridades de las Cortes Supremas de Justicia, los Fiscales Generales y los Ministerios de Justicia y de Seguridad, definieron los tipos penales, y los instrumentos procesales sobre los que era necesario promover la armonización y los parámetros mínimos para conseguirla.
Hasta ahora, las normas sustantivas definidas son: asociación ilícita, lavado de activos, tráfico de drogas y precursores, trata de personas, tráfico de órganos, tráfico de armas, cohecho, peculado, tráfico de influencias y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Los instrumentos procesales definidos, por su parte son: investigaciones encubiertas, equipos conjuntos de investigación, persecución en caliente, entregas vigiladas, protección de testigos, videoconferencia, decomiso, levantamiento del secreto bancario, extradición u orden de detención, transferencia de pruebas, centros de inteligencia e información, jurisdicción y competencia, prueba científica, registros judiciales y régimen procesal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Como se recordará, en junio del mismo año, la Conferencia Internacional de Apoyo a la estrategia de Seguridad de Centroamérica, celebrada en Guatemala, supuso un salto cualitativo en la forma en la que la región enfrenta el fenómeno de la violencia iniciándose una “nueva etapa en los esfuerzos por consolidar a Centroamérica como una región segura”.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera Avilés explicó la naturaleza del esfuerzo conjunto reflejado en la conferencia regional.
“Aquí no se trata solo de Honduras, tampoco de que una legislación sea igual para todos los países, sino que sea armónica para todos los países y que la delincuencia organizada no se abrigue en el traspaso de fronteras para que sus ilícitos no puedan ser castigados”, dijo el presidente del Poder Judicial hondureño.
Durante el encuentro teleño se puso en conocimiento de los representantes de las cancillerías participantes en la Comisión de Seguridad de Centroamérica, los avances e innovaciones que significan instrumentos jurídicos como la Orden de Detención y los Procedimientos de Entrega entre los países miembros del SICA y también el Convenio de Cooperación Reforzada en la lucha contra el Crimen Organizado.
Los asistentes acordaron también impulsar institucionalmente la aprobación nacional de ambas propuestas de instrumentos internacionales.
Los representantes de las instituciones participantes en el taller también se comprometieron a trasladar los documentos finales a las respectivas cancillerías, haciendo referencia en una nota conjunta a su participación e implicación en la redacción de los mismos, a fin de agilizar y facilitar su tramitación y evitar dilaciones en lo que se refiere a la necesidad de informar jurídicamente sobre los mismos.
De igual manera se acordó que la Secretaría General del SICA incluirá los instrumentos jurídicos aprobados en la agenda de la próxima reunión cumbre de Presidentes de los países de Centroamérica prevista para el próximo 24 de junio, con el fin de contar con el máximo respaldo posible para su posterior aprobación en los respectivos congresos nacionales.
Al final del proceso se espera generar una propuesta regional de armonización de la legislación penal sustantiva y procesal en la lucha contra el crimen organizado en Centroamérica, y promover reformas en cada país, consecuentes con esta armonización.
Centroamérica ha tomado una decisión trascendente en una lucha tan importante como inevitable, ahora falta que la clase política regional entienda y atienda este esfuerzo vital para todos.

Es imprescindible contar con referentes penales sustantivos y procesales que estén presididos por la idea de un lenguaje sencillo, comprensible para los ciudadanos y que presente una mínima dificultad en su aplicación por los operadores de justicia.

“Aquí no se trata solo de Honduras, tampoco de que una legislación sea igual para todos los países, sino que sea armónica para todos los países”, dijo el presidente del Poder Judicial hondureño.

Centroamérica ha tomado una decisión trascendente en esta lucha tan importante contra el crimen organizado.

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