Al final se impone la política

agosto 31, 2020

Juan Ramó Martínez

Honduras

Al final, después de más de cinco meses de estado de excepción, afectados por la pandemia de Covid-19, la política – antes que la economía—ha recobrado su imperio y su superioridad en la vida nacional. Si fuera una política, propositiva, interesada en la aplicación de una nueva economía que recuperara lo perdido y propusiera alternativa para dar un salto adelante, ello sería excelente. Al final, todos los actos de los ciudadanos, en relación con la vida de la sociedad, son acciones políticas. El problema es que, la calidad de la política nacional, no solo tiene un carácter sui generis, sino que además, muestra una regresión peligrosa, desde las luces iniciales del alba democrática de 1957—63 hacia un lluvioso autoritarismo, lento pero influyente en que, en vez de legislar para que el poder se enfrente al poder, favoreciendo a la ciudadanía, aquí ha tendido a la forja de un entramado autoritario, que ha debilitado la división de poderes, la representación popular y la participación ciudadana. No son accidentales algunas cosas ocurridas desde 1982 hasta ahora. Muestran una tendencia – contradictoria con el espíritu que resume la Constitución de 1982-, marcha y afectada en forma irresponsable, frente a la indiferencia popular y el liderazgo cada día menos democrático del país – en que, en vez de fortalecer los derechos de los ciudadanos, más bien han consolidado y normalizado, como cosa aceptable, el secuestro de los partidos políticos por personas, familias e incluso grupo de dudosa honorabilidad. Ahora incluso, sin vergüenza alguna, hasta le ponen su nombre. Como el “manuelismo”, el “cariismo” y “policarpismo” del pasado. Pero menos disimulado, más descarado ahora que entonces.



Nos es posible la política sin partidos, Incluso en los peores regímenes autoritarios se ha prescindido de ellos. Claro, en estos se ha impuesto, la tesis del partido único, en donde el llamado centralismo democrático, ha sido el eje de una justificación que solo aceptan los feligreses del autoritarismo, de diferentes banderas y colores. En cambio, en la política democrática, no es posible justificarla sin partidos democráticos, caracterizados por la participación de abajo hacia arriba, la superioridad de la voluntad de las mayorías,  la movilización ordenada de sus élites, la eliminación de cualquiera forma de continuidad reeleccionista, obediencia a la ley y absoluta rendición de cuentas por el gobierno que, en vez de instrumento partidario, opera como gerente del bien común. Definida su tarea, en  crear condiciones de bienestar para todos o por lo menos para la mayoría.

Una mirada a la vida política que resurge, entre los dolores de los familiares que han perdido a los suyos en manos de esta brutal enfermedad que nos ha arrinconado y paralizado, nos permite concluir que, los partidos políticos, no han cambiado como le exigimos a los empresarios, obreros y comerciantes que lo hagan para enfrentar una nueva realidad, sino que, todo lo contrario, más bien han experimentado retroceso evidente. Se ha continuado legislando para fortalecer el poder, en contra de los intereses de la ciudadanía, el desarrollo del país y el bienestar de la población. Los órganos de control, necesarios en la vida democrática para prever que los partidos, los políticos, los empresarios o los gobernantes no usen el poder para su beneficio y el de sus camarillas y aliados, continúan cada vez – en forma más perfeccionada—en manos de los partidos políticos. Y como estos, son propiedades particulares, al final, el país está en manos de una minúscula minoría que decide por todos.

Algunos ejemplos: el Congreso Nacional no solo ha perdido colegialidad, comportamiento democrático, sino que se ha sometido al ejecutivo. Ahora quien legisla es el ejecutivo y el que sanciona, es el Congreso: cosa ilógica porque la función principal suya, es legislar porque representa al pueblo y defiende sus intereses. Los diputados no son del pueblo, sino que “empleados”, familiares, queridas y queridos de los partidos que les imparten órdenes desde cúpulas que, ni siquiera tienen pena de esconder sus comportamientos antidemocráticos. El otro ejemplo es que la Corte Suprema de Justicia, La Fiscalía General, el Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, están en manos de los partidos políticos, es decir de sus cúpulas. En pocas palabras, las llaves al ladrón. Y así, lo único posible es que Ali Baba y los suyos, ordenadamente, se distribuyan las ropas de la república y esconden con sibilina habilidad, los trapos sucios, para que el pueblo siga engañado. Pero como este ve los resultados en forma objetivo – reducción de su capacidad de compra, disminución de su bienestar y escucha quejas y denuncias por doquier –ha empezado a confundir los que hacen los partidos y el sistema político gubernamental, como si eso fuese la democracia. Y en forma espontánea rechaza al gobierno al sistema democrático que cree tener y en vez de buscar más democracia, busca irracionalmente más autoritarismo, a un caudillo iracundo y ruidoso que desarbole la casa mala, pero sin exigir siquiera los modelos de la nueva.

Ante tal riesgo, hay que hacer un alto. Hay que reformar a los partidos, diferenciarlos de los órganos de control y volver los ojos al sistema democrático que, nos anuncia la constitución de 1982. De lo contrario nos ocurrirán dos cosas probables: que el pueblo siga aguantando, callado los excesos de una clase política poco comprometida con el país porque vive consagrada en la consolidación de su propio poder, abusando del mismo y con ello estimulando el subdesarrollo, especialmente la pobreza: o que un día, en una parada de póquer disputada, uno de los caudillos disgustado, desenfunda su pistola y la revuelta postergada desde los ochenta hasta ahora, nos revienta a todos en la cara, el día menos pensado. Cualquier cosa puede ocurrir. Pero ocurrirá.

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