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Un Acuerdo no es un Tratado

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El corto debate generado sobre los alcances del Acuerdo de Cartagena, celebrado en el 2011 en la ciudad de Cartagena, Colombia, entre los presidentes Porfirio Lobo de Honduras, Santos de Colombia y Hugo Chávez de Venezuela, para facilitar el regreso de Mel Zelaya a Honduras, contiene una distorsión provocada, no sabemos si en forma intencional, por parte de quienes quieren usarlo como paraguas, cuando se está hablando de deducir responsabilidades a funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya por actos de corrupción. Para comenzar, hay que establecer la diferencia entre un acuerdo y un tratado. En el caso de Cartagena, se suscribió un acuerdo bajo la concepción jurídica de adoptar una resolución por una junta de presidentes, que no revistió ninguno de los requisitos que exige la solemnidad de un tratado, porque en ningún momento se dieron los pasos para alcanzar ese nivel. Un tratado constituye un acuerdo formal entre varios Estados celebrado bajo el protocolo solemne que requiere la aprobación del Congreso Nacional. Acuerdos hay muchos todos los días, mientras que tratados, por el rigor de la solemnidad, son muy pocos los que se celebran.

El Acuerdo de Cartagena, instado por la iniciativa del Presidente Santos de Colombia, reunió a Hugo Chávez, a Mel Zelaya como ex presidente, y a Pepe Lobo, Presidente de Honduras acompañado de su asesor Arturo Corrales. Sabemos por las versiones contadas, por los asistentes de primera línea en la cita, que el interés de Pepe Lobo era recuperar el asiento de Honduras en la OEA, para salir del aislamiento internacional, a cambio de facilitar el regreso de Mel Zelaya a Honduras, y de varios compromisos. Entre ellos, que el gobierno le permitiera a Zelaya su reinserción en la vida política mediante la inscripción de su propio partido y la coparticipación en el gobierno de Lobo, de por lo menos dos cargos públicos. Mel Zelaya solicitó la dirección del Instituto Nacional Agrario y el Ministerio de Educación, este último cargo a partir del segundo año del gobierno de Lobo, puesto que el ministro de Educación que ya estaba en funciones, Alejandro Ventura, vacaría a los dos años para darle paso a Marlon Escoto, candidato propuesto por Mel Zelaya.

El Acuerdo de Cartagena fue una concesión para contentar a Mel Zelaya y a su mentor Hugo Chávez, quien se comprometió a pedir a sus amigos en la OEA, que rehabilitaran a Honduras, suspendiendo el bloqueo contra nuestro país, aprobado por el bloque de países controlados por Chávez. Pero, ni Santos, ni Chávez, ni Lobo hablaron que el acuerdo contemplaría aspectos relativos a perdonar asuntos de carácter económico o de corrupción a ex funcionarios del gobierno y al mismo Manuel Zelaya. El acuerdo perdió vigencia desde el momento en que cumplió su objetivo, es decir, cuando Mel Zelaya regresó a Honduras, cuando Honduras recuperó su asiento en la OEA y el gobierno de Pepe Lobo le inscribió su partido político, con la misma facilidad con que un particular tramita un documento en el RNP. El Acuerdo de Cartagena ya es historia pasada y no puede ser invocado como un escudo protector para ningún acto. Pero, en ninguna de sus partes el acuerdo hablaba de proteger a personas que, habiéndose desempeñado como funcionarios en aquel gobierno, hubieran cometido faltas o delitos tipificados como actos de corrupción.

Otra cosa sería si el acuerdo hubiera alcanzado la dimensión de tratado, lo cual requería llevarlo a debate en el Congreso Nacional para la aprobación que exige la Constitución de la República. Por lo tanto, todo lo que se diga respecto a invocar el Acuerdo de Cartagena como un posible paraguas vigente, cae en el campo de la inexactitud, y aquellos ex funcionarios del gobierno de Zelaya que sean requeridos por los operadores de justicia por actos de corrupción, deben olvidarse de los efectos del mencionado acuerdo que ahora solo cuenta como historia de aquel desgraciado incidente.

Pretender evadir la justicia invocando un acuerdo eminentemente político, que por su naturaleza ya perdió vigencia y como objeto jurídico ya prescribió, solo cabe en una mentalidad ilusoria. El Acuerdo de Cartagena queda hoy como un documento que existe porque un día fue escrito en papel y suscrito por tres presidentes y un ex presidente. Ni más ni menos. El acuerdo allí queda, como historia que recoge un capítulo bochornoso, pero que sirvió para frenar el avance de un orden político y económico autoritario, que buscaba imponerse mediante una serie de trampas, atajos y engaños, desconociendo los principios de acatamiento a las leyes y las instituciones, para instaurar un gobierno a perpetuidad.

Hoy se podrán decir cuantas cosas quieran por los que creen tener la razón y la historia a su favor, pero en definitiva, aquel capítulo de junio de 2009 encierra una profunda lección para todos los actores de aquel momento político. La principal lección es que las instituciones no estaban oxidadas, sino más activas que nunca para impedir aquel asalto por parte del autoritarismo que pretendía borrar la democracia en Honduras. Cartagena, por lo tanto, es historia muerta, ya no sirve para nada.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 10 de julio de 2018.