Abogados del diablo

agosto 30, 2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Honduras podría tener serios problemas para consolidar nuestra democracia si los hondureños permitimos la abolición de facto de la presunción de inocencia que es un pilar fundamental en el debido proceso. Si se insiste en someter el escrupuloso procedimiento jurídico al pálpito emotivo de la calle, donde estamos viendo organizaciones actuando como corrientes callejeras, terminaremos por coronar la era del linchamiento en sustitución de un Estado de justicia. Si los hondureños aceptamos el concepto aberrante de veredicto social que están proponiendo algunas organizaciones sociales, que solo son coadyuvantes en la lucha contra la corrupción, terminaremos enredados en un debate desquiciado en que muchos abogados que tienen más talante de lunáticos que de abogados, harán de Honduras un Estado infernal.



Esto es, porque quienes están llevando las acusaciones contra cualquier persona indiciada actúan como abogados extremistas, que tienen un alto grado de prejuicio que no les permite actuar como profesionales del derecho, sino como los antiguos abogados del diablo. Estamos viendo cosas increíbles como el que la OABI crea que una vez aseguradas las sedes de los dos grandes partidos históricos, lo cual es una aberración terrible, adquiere la facultad de exigir alquiler a los partidos por ocupar sus locales, que son de su legítima propiedad, que fueron adquiridos o construidos hace varias décadas y que nada tienen que ver con dineros de la SAG empleados en campañas de candidatos.

Se están exponiendo los señores de la OABI a ver sobre sus cabezas el peso de la ley, porque tarde o temprano este desaguisado que han cometido al asegurar las sedes de los partidos Liberal y Nacional es una verdadera transgresión que en algún momento al ser dirimido en los tribunales les hará incurrir en responsabilidad civil y penal. Esta técnica exabrupta que se está usando para llevar los procesos a toda velocidad lleva a los operadores a cometer injusticias. Lo estamos viendo con la cantidad de procesados que están saliendo airosos al ser absueltos por los tribunales. Y nos preguntamos: ¿esto se debe a que los tribunales están del lado de los corruptos? No, esa es la sentencia con que los extremistas suelen atacar al sistema judicial. Es asunto de que una vez que el juicio entra al desarrollo, y los fiscales no tienen suficientes pruebas o las que presentan carecen de validez jurídica, a los jueces no les queda otro camino que declarar absueltos a los acusados.

En un juicio transparente los abogados del diablo, aquellos que cuando defienden sus acusaciones, ideas, acciones o postulados quieren que los demás estén forzosamente de acuerdo, pierden cuando el juicio apenas entra a la etapa sumarial, que es donde los abogados de las partes deben aportar las pruebas.

Y luego hay otra parte ridícula se suma a todo esto que es una verdadera mojiganga jurídica. En el Ministerio Público hay voceros serios y otros que por su inexperiencia e ignorancia no lo son. Uno de estos pobres imberbes, al que el MP les ha otorgado un rango improvisado de vocero, dijo que las sedes de los partidos fueron aseguradas porque recibieron dinero de la SAG. Caray, este muchacho tiene pensamiento de barriada ideológica, porque no sabe lo que dice, y lo que dice, lo dice solo para querer justificar una garrafalada del tamaño del Picacho, que eso y no otra cosa es el aseguramiento o incautación de las sedes de los partidos históricos.

No existe en la ley el modo procesal para incautar o asegurarle la sede a un partido por las acciones supuestamente delictivas que se les imputan a personas que han desempeñado funciones en el órgano central de su partido. En todo caso, la deducción de responsabilidad de manera tangible se hace contra los funcionarios que son responsables de sus actos y acciones.

Pero para aumentar el tamaño del desaguisado, la OABI decidió ponerse los moños exigiendo pago de alquiler a los legítimos dueños de los edificios que son propiedad de los partidos políticos. La OABI está incurriendo en una apropiación indebida de bienes que histórica y jurídicamente corresponden tanto al Partido Nacional como al Partido Liberal. Y la apropiación indebida es un delito grave, por el cual todos los funcionarios de la OABI, administrativos o legales, deberán enfrentar las demandas de los abogados de los dos partidos, que no se quedarán de brazos cruzados, dejando indefensas a sus respectivas instituciones.

No se puede aceptar que se consuma una lapidación ilegal por el espíritu arbitrario que están observando algunos operadores de justicia, dejados llevar por la presión callejera. Más que un derecho antiguo adquirido hace muchos años por los dirigentes de ambos partidos, se trata de un deber moral que tanto liberales como nacionalistas tienen que cumplir, para defender el derecho de propiedad sobre sus sedes, que nada tienen  que ver con la conducta y las acciones de dirigentes de esos partidos. Y al ejercitar el derecho deben incoar acciones contra la OABI, que está cometiendo el delito de apropiación indebida al cobrar alquileres sobre bienes que tienen legítimos propietarios.

Así son las cosas y así se las hemos contado hoy jueves 30 de agosto de 2018.

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